Miembros de la Plataforma para la Defensa del río afirman que las obras "condenarían a muerte" a la comarca
ALBA MARTÍN GRANADA
La Plataforma en Defensa del Río Castril protagoniza un nuevo capítulo de una basta lista de alegaciones y sentencias que han permitido mantener impertérrito hasta hoy el aspecto del río a su paso por el municipio. Ayer, la asociación volvió a unirse a modo de protesta ciudadana para denunciar la tentativa "encubierta" de legalizar el encauzamiento del mismo a través del Plan Hidrológico del Guadalquivir , unas obras que ya fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo en diversas ocasiones.
Sin embargo, la dilatada polémica que ha derivado este asunto no está libre de perjudicados. La tierra que explotan los agricultores de Castril y Cortes de Baza ha quedado partida en dos por una zanja, y es hoy depósito de una serie de tubos que en su día se quisieron emplear en el encauzamiento el río para abastecer de agua potable en Baza, catalogación jurídica que impedirá su aprovechamiento para los uso turístico o de regadío que se venían haciendo los vecinos del los municipios afectados. "El 80% de las tierras están afectadas, nos encontramos ante una indefensión total porque las administraciones siguen empeñadas en llevarlas a cabo por todos los medios, a pesar de que estén declaradas ilegales", manifestó ayer en Plaza Nueva, ante el TSJA, Miguel Ortiz, portavoz de la plataforma. De volver a retomar el trasvase "condenarían a muerte" tanto la economía rural como la peculiar biodiversidad de la zona, un hecho que no están dispuestos a consentir.
Por eso, la plataforma presentó un recurso contra el Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir que fue aceptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS el pasado martes. A su juicio, dicho plan vuelve a sentar las bases para concluir el trasvase del río Castril, pues respaldaría la aprobación de un caudal mínimo para transportar el agua. "Esta declaración reduciría el caudal, que ellos considerarían entonces ecológico, a 380 litros -en lugar de 1.100 litros que transporta en época estival-, pudiendo por tanto entubar el resto del agua y explotarla a su antojo", alegó Miguel Ruiz. "No estamos en contra del uso del agua. Pero creemos que Baza no la necesita, tiene suficiente en sus acuíferos para poder abastecerse", concretaron los miembros de la asociación que defiende la conservación de la cuenca del Río Castril desde hace más de una década.
Así, una vez aceptado y puesto a trámite el recurso, los miembros de la plataforma procederán a elevar la demanda contra la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que esperan que tenga respuesta afirmativa por el tribunal que ya se ha pronunciado en su favor en varias ocasiones. Desde la Plataforma aclararon que no se opondrán a la explotación del caudal por las comunidades vecinas, siempre que éste se lleve a cabo sin afectar a la biodiversidad de su municipio. Así consideraron que el agua puede aprovecharse siempre que se tome desde la desembocadura del río Castril -el pantano del Negretín- hasta Baza, aprovechándose así parte de la infraestructura existente y que no afecta a su vega, ni a los más de 500 agricultores que se benefician de los campos de cultivo.
Pese a todo, la Plataforma confía "en la buena voluntad" de los nuevos representantes políticos del Gobierno Central y del actual Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para solucionar un problema que comparte Castril y Cortes con Baza y Huéscar. "Nos han comunicado que están dispuestos a buscar soluciones, esperamos que no quede en una mera declaración de intenciones", expresaron.
Sin embargo, la dilatada polémica que ha derivado este asunto no está libre de perjudicados. La tierra que explotan los agricultores de Castril y Cortes de Baza ha quedado partida en dos por una zanja, y es hoy depósito de una serie de tubos que en su día se quisieron emplear en el encauzamiento el río para abastecer de agua potable en Baza, catalogación jurídica que impedirá su aprovechamiento para los uso turístico o de regadío que se venían haciendo los vecinos del los municipios afectados. "El 80% de las tierras están afectadas, nos encontramos ante una indefensión total porque las administraciones siguen empeñadas en llevarlas a cabo por todos los medios, a pesar de que estén declaradas ilegales", manifestó ayer en Plaza Nueva, ante el TSJA, Miguel Ortiz, portavoz de la plataforma. De volver a retomar el trasvase "condenarían a muerte" tanto la economía rural como la peculiar biodiversidad de la zona, un hecho que no están dispuestos a consentir.
Por eso, la plataforma presentó un recurso contra el Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir que fue aceptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS el pasado martes. A su juicio, dicho plan vuelve a sentar las bases para concluir el trasvase del río Castril, pues respaldaría la aprobación de un caudal mínimo para transportar el agua. "Esta declaración reduciría el caudal, que ellos considerarían entonces ecológico, a 380 litros -en lugar de 1.100 litros que transporta en época estival-, pudiendo por tanto entubar el resto del agua y explotarla a su antojo", alegó Miguel Ruiz. "No estamos en contra del uso del agua. Pero creemos que Baza no la necesita, tiene suficiente en sus acuíferos para poder abastecerse", concretaron los miembros de la asociación que defiende la conservación de la cuenca del Río Castril desde hace más de una década.
Así, una vez aceptado y puesto a trámite el recurso, los miembros de la plataforma procederán a elevar la demanda contra la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que esperan que tenga respuesta afirmativa por el tribunal que ya se ha pronunciado en su favor en varias ocasiones. Desde la Plataforma aclararon que no se opondrán a la explotación del caudal por las comunidades vecinas, siempre que éste se lleve a cabo sin afectar a la biodiversidad de su municipio. Así consideraron que el agua puede aprovecharse siempre que se tome desde la desembocadura del río Castril -el pantano del Negretín- hasta Baza, aprovechándose así parte de la infraestructura existente y que no afecta a su vega, ni a los más de 500 agricultores que se benefician de los campos de cultivo.
Pese a todo, la Plataforma confía "en la buena voluntad" de los nuevos representantes políticos del Gobierno Central y del actual Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para solucionar un problema que comparte Castril y Cortes con Baza y Huéscar. "Nos han comunicado que están dispuestos a buscar soluciones, esperamos que no quede en una mera declaración de intenciones", expresaron.
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