Otras comunidades sí obtienen ingresos por el transporte de energía o el gravamen a instalaciones como las superficies comerciales
ANTONIO FUENTES SEVILLA
Las comunidades autónomas han encontrado un nicho de ingresos en la fiscalidad ambiental, aun cuando la capacidad autonómica tan sólo supone un 3% de la recaudación total de las administraciones. El 84% corresponde a cuatro impuestos estatales cuya recaudación, no obstante, se ha cedido total o parcialmente a las comunidades. Son el impuesto sobre hidrocarburos (64%), cedido en un 58% a las autonomías, el impuesto sobre la electricidad (8%), el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos (7,1%), vigente desde 2002 y cedido en su totalidad, y el impuesto sobre determinados medios de transporte (4,8%), también cedido en su totalidad. El 13% restante proviene del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y lo recaudan los ayuntamientos.
A pesar de su limitada capacidad, las comunidades autónomas han avanzado en los últimos años con gran intensidad y de forma muy heterogénea en la fiscalidad verde, hasta donde les ofrece su autonomía y evitando la doble imposición, para no coincidir con los impuestos estatales. Las autonomías han aprovechado que se trata de una materia imponible en la que ni el Estado ni las corporaciones locales han mostrado mucho interés y con estos impuestos consiguen recursos adicionales.
Andalucía también ha incorporado en los últimos años impuestos ecológicos (canon de agua o impuesto a las bolsas de plástico), pero sin embargo no ha regulado sobre aquellos que proporcionan mayor recaudación, a diferencia de lo que han hecho otras comunidades.
Hay margen por tanto y, en ese debate, Izquierda Unida plantea una mayor fiscalidad ambiental para incrementar los ingresos en 2014, pero el PSOE rechaza elevar la presión fiscal.
Según un reciente informe del Consejo Económico y Social, los tributos ambientales de las comunidades autónomas que más recaudan son los que gravan la producción y el transporte de energía (25 millones en el conjunto de las comunidades) y aquellas sobre las instalaciones y actividades que inciden en el medio ambiente (otros 23 millones de euros).
Entre ellas el informe destaca los impuestos sobre instalaciones, ya sean eléctricas y de telecomunicaciones (Asturias), de transporte por cable (Aragón) o eólicas (Castilla-La Mancha y Galicia) y diferentes impuestos sobre la generación de energía eléctrica (Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia).
El estudio de este organismo matiza que, aunque sean los de mayor recaudación, es "cuanto menos dudosa" su capacidad para modificar conductas perjudiciales con el medio ambiente. Igualmente suma los impuestos sobre las grandes superficies comerciales implantados en Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra, y que IU reclama sin éxito en Andalucía. La finalidad sería ayudar al pequeño comercio. El PSOE se opone a implantar este impuesto con el que se recaudaría entre 15 y 20 millones de euros.
El estudio vaticina las potencialidades de nuevos impuestos en el ámbito autonómico, por ejemplo en los residuos sólidos, "precisamente porque en este caso la asignación jurisdiccional descentralizada es la adecuada desde la óptica del federalismo fiscal". Y subraya: "Más allá del gravamen de productos, como las bolsas de plástico o las latas, las tendencias internacionales apuntan hacia el gravamen de envases o embalajes que se convertirán en residuos, como el cartón, el plástico o el metal, al gravamen de ciertos componentes de pesticidas, fertilizantes o neumáticos, e incluso se llega a proponer el establecimiento de impuestos sobre los residuos asociados a la fabricación y consumo de cada producto, empleando índices de carga residual normalizados".
Esta senda la ha explorado Cataluña a petición de ERC en los Presupuestos de este año, pero no hay señal de que en Andalucía se haya siquiera previsto.
La Junta espera recaudar este año 17,2 millones por sus impuestos ecológicos propios. Así, tiene un impuesto sobre depósito de residuos radioactivos por el que espera ingresar 5,8 millones y que también tienen las otras cinco comunidades con este tipo de instalaciones. Otro impuesto es el de residuos peligrosos (358.652 euros) o el impuesto sobre las bolsas de plástico (un millón de euros) que también implantó recientemente Cantabria. Con este último impuesto la Junta esperaba recaudar hasta 35 millones, pero la respuesta ciudadana ha provocado que incluso se suspendiera la intención de elevar la tasa a diez céntimos.
La Junta también recauda por emisión de gases a la atmósfera (5,8 millones) y por vertidos a aguas litorales (4 millones). Otro impuesto indirecto sería el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración, por el que se prevé ingresar 50,4 millones que se destina directamente a las obras de estas instalaciones. Este canon lo tienen prácticamente todas las comunidades.
Andalucía tiene margen, además de los campos apuntados en los que sería pionera, en impuestos que recaudan otras comunidades. Extremadura tiene un impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, Galicia tiene un canon eólico y un impuesto sobre aprovechamientos del agua embalsada y Cataluña un gravamen para las centrales eléctricas.
A pesar de su limitada capacidad, las comunidades autónomas han avanzado en los últimos años con gran intensidad y de forma muy heterogénea en la fiscalidad verde, hasta donde les ofrece su autonomía y evitando la doble imposición, para no coincidir con los impuestos estatales. Las autonomías han aprovechado que se trata de una materia imponible en la que ni el Estado ni las corporaciones locales han mostrado mucho interés y con estos impuestos consiguen recursos adicionales.
Andalucía también ha incorporado en los últimos años impuestos ecológicos (canon de agua o impuesto a las bolsas de plástico), pero sin embargo no ha regulado sobre aquellos que proporcionan mayor recaudación, a diferencia de lo que han hecho otras comunidades.
Hay margen por tanto y, en ese debate, Izquierda Unida plantea una mayor fiscalidad ambiental para incrementar los ingresos en 2014, pero el PSOE rechaza elevar la presión fiscal.
Según un reciente informe del Consejo Económico y Social, los tributos ambientales de las comunidades autónomas que más recaudan son los que gravan la producción y el transporte de energía (25 millones en el conjunto de las comunidades) y aquellas sobre las instalaciones y actividades que inciden en el medio ambiente (otros 23 millones de euros).
Entre ellas el informe destaca los impuestos sobre instalaciones, ya sean eléctricas y de telecomunicaciones (Asturias), de transporte por cable (Aragón) o eólicas (Castilla-La Mancha y Galicia) y diferentes impuestos sobre la generación de energía eléctrica (Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia).
El estudio de este organismo matiza que, aunque sean los de mayor recaudación, es "cuanto menos dudosa" su capacidad para modificar conductas perjudiciales con el medio ambiente. Igualmente suma los impuestos sobre las grandes superficies comerciales implantados en Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra, y que IU reclama sin éxito en Andalucía. La finalidad sería ayudar al pequeño comercio. El PSOE se opone a implantar este impuesto con el que se recaudaría entre 15 y 20 millones de euros.
El estudio vaticina las potencialidades de nuevos impuestos en el ámbito autonómico, por ejemplo en los residuos sólidos, "precisamente porque en este caso la asignación jurisdiccional descentralizada es la adecuada desde la óptica del federalismo fiscal". Y subraya: "Más allá del gravamen de productos, como las bolsas de plástico o las latas, las tendencias internacionales apuntan hacia el gravamen de envases o embalajes que se convertirán en residuos, como el cartón, el plástico o el metal, al gravamen de ciertos componentes de pesticidas, fertilizantes o neumáticos, e incluso se llega a proponer el establecimiento de impuestos sobre los residuos asociados a la fabricación y consumo de cada producto, empleando índices de carga residual normalizados".
Esta senda la ha explorado Cataluña a petición de ERC en los Presupuestos de este año, pero no hay señal de que en Andalucía se haya siquiera previsto.
La Junta espera recaudar este año 17,2 millones por sus impuestos ecológicos propios. Así, tiene un impuesto sobre depósito de residuos radioactivos por el que espera ingresar 5,8 millones y que también tienen las otras cinco comunidades con este tipo de instalaciones. Otro impuesto es el de residuos peligrosos (358.652 euros) o el impuesto sobre las bolsas de plástico (un millón de euros) que también implantó recientemente Cantabria. Con este último impuesto la Junta esperaba recaudar hasta 35 millones, pero la respuesta ciudadana ha provocado que incluso se suspendiera la intención de elevar la tasa a diez céntimos.
La Junta también recauda por emisión de gases a la atmósfera (5,8 millones) y por vertidos a aguas litorales (4 millones). Otro impuesto indirecto sería el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración, por el que se prevé ingresar 50,4 millones que se destina directamente a las obras de estas instalaciones. Este canon lo tienen prácticamente todas las comunidades.
Andalucía tiene margen, además de los campos apuntados en los que sería pionera, en impuestos que recaudan otras comunidades. Extremadura tiene un impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, Galicia tiene un canon eólico y un impuesto sobre aprovechamientos del agua embalsada y Cataluña un gravamen para las centrales eléctricas.
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