Que el Ministerio del Interior haga un estudio sobre la violencia que afecta a las mujeres, únicamente por el hecho de serlo, está muy bien. Nada en contra. Un estudio sobre los agresores es necesario. Y si el estudio lo dirige un equipo de hombres, todavía mejor. Por primera vez, desde una posición política, los hombres se preguntan qué es lo que está pasando con los agresores. Y si el Observatorio contra la violencia del Consejo General del Poder Judicial ya elabora Informes con la presencia de los representantes del Ministerio de Interior, no importa, todavía mejor. Cuanta más información, mejor. Y es cierto que hay mujeres agresoras, pero el número es significativamente menor.
A menudo nos hemos preguntado las mujeres por qué hemos estado solas a la cabeza de esta defensa de la integridad en el derecho más elemental, que es el derecho a la libertad y a la vida. Es curioso que nuestra Constitución reconozca en su artículo 15 este derecho a la integridad física y moral frente a la tortura y a los tratos inhumanos o degradantes, pero sólo cuando el agresor es el Estado. No pensaron entonces los constituyentes que donde el agresor se iba a cobrar más víctimas, y sin ninguna respuesta política, era en el seno de una relación de pareja.
Darle visibilidad a lo que ocurre en la intimidad familiar o en una relación brutalmente desigual ha sido el gran trabajo que un gran movimiento de mujeres ha desencadenado para sacar esa tortura y esa muerte del oscurantismo y de la opacidad en los que durante siglos ha estado escondida. Nuestro país ha sido pionero no sólo en su Ley integral, admirada por muchos países en el mundo, sino también por las respuestas institucionales que los asesinatos provocan. Ver a las corporaciones municipales en la calle en apoyo a las víctimas es algo que no se ve en otros países. Y ni mucho menos somos los únicos ni los peores en cuanto a estadísticas se refiere.
Recurrir a la educación desgraciadamente no es suficiente. Una sociedad demócrata puede seguir engendrando agresores.
Por eso, cuando aún no sabemos las Conclusiones de la Comisión creada en el Congreso para abordar la violencia contra las mujeres ni tampoco en qué puede consistir ese Pacto de Estado que se reclama cada vez que hay una nueva víctima, es bueno tener estudios e informes. Y es bueno que el Pacto de Estado se base en un común acuerdo sobre la manera de afrontar esta tragedia. Porque tendremos que avanzar en la definición de esta forma de terrorismo.
El objetivo del estudio es prevenir las causas. Noble intento. Se sabe cuál es el perfil del maltratador y por qué el maltratador busca el perfil de la víctima. Todas las iniciativas que conduzcan a la identificación del maltratador y de la víctima para establecer alertas tempranas son necesarias. La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha creado esa alerta temprana para las mujeres. Una mujer agredida comienza con una depresión. Vive en una ratonera. No tiene medios para luchar por sí misma. Y, lamentablemente, muchos recursos de ayuda se han esfumado en este período.
Pero no se ha pensado todavía en un mecanismo semejante para los agresores. El estudio avanza una línea ya conocida. El agresor no habla, rumia. Y no va a los centros de salud a pedir ayuda. No es fácil que vaya porque no existe el reconocimiento del problema cuando la glorificación de la violencia está en el papel tradicional del hombre. Aunque la vaya a usar de la manera más cobarde. Y por eso no existe después el arrepentimiento. Y mucho menos cuando el perfil es patológico y no ocasional.
Recurrir a la educación desgraciadamente no es suficiente. Una sociedad demócrata puede seguir engendrando agresores. Pero también aquí, en este terreno, hay un inmenso camino que recorrer. Cómo educamos el mundo de las emociones para una comunicación no violenta y cómo enseñamos que cualquier fracaso es el paso necesario para un aprendizaje.
Y hay que encontrar los medios para la disuasión. Aquí, los hombres tienen todavía una palabra que decir. No vale una mala conciencia ni una vergüenza colectiva. Es preciso que el agresor sepa que, además de la respuesta penal, socialmente hay una voz colectiva masculina poderosa que le está gritando al agresor: ¡detente!
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