Andalucía no puede esperar granadahoy.com

TRIBUNA

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO

Consejero de Economía

Andalucía creció un 0,6% del PIB menos que España pese al buen comportamiento del sector exterior. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha ocurrido lo mismo con las inversiones del Estado

Andalucía no puede esperar

El equilibrio estructural del Producto Interior Bruto (PIB) iguala lo que oferta una economía, capital y salarios, a lo que demanda, que suma el consumo y la inversión, públicos y privados, y las balanzas con el exterior, comercial y de capitales.

La devaluación interna, prescrita desde la Unión Europea para el ajuste en la crisis que hemos sufrido en los últimos años, ha supuesto una contención drástica del consumo público y privado como consecuencia de las medidas de austeridad y, en segundo lugar, por la caída de los salarios y la precariedad en el empleo provocada por normas aprobadas como la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En este contexto, y es muy importante anotarlo, el crecimiento del PIB sólo se puede sustentar en dos factores, en las balanzas con el exterior y en las inversiones, y siempre teniendo en cuenta el punto de partida en el que nos movemos: en España, las diferencias interregionales siguen siendo un reto que hay que acometer.

Los datos son elocuentes: las comunidades de Madrid, País Vasco o Navarra duplican en este indicador a Extremadura o Andalucía, situándose el promedio en algo más de 22.500 euros per cápita para todo el Estado. Y lo que es peor: la posición relativa no cambia en los periodos de expansión o de crisis, pero sí se observa un empeoramiento de la senda de convergencia en ciclos de recesión económica y social como el que acabamos de sufrir.

Veamos, pues, qué ha pasado en los últimos cinco años. Andalucía ha crecido un 0,6% del PIB menos que el promedio español pese a que el sector exterior ha tenido un buen comportamiento. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que no ha sucedido lo mismo con las inversiones del Estado en Andalucía, sino todo lo contrario. Y este último recorte lo han pagado con creces los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma.

El Gobierno central cuenta con dos herramientas para abordar esta inversión. De una parte, la inversión pública regionalizable, que se incluye cada año en los Presupuestos. Y, de otra parte, el Fondo de Compensación Interterritorial, regulado por ley para transferir inversiones a las comunidades autónomas y cuya aportación, conviene no olvidarlo, ha sido insignificante en estos últimos ejercicios. En relación a la inversión pública, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con rango de ley orgánica, establece en su Disposición Adicional Tercera (DAT) que "la inversión será equivalente al peso de la población andaluza en el Estado", lo que se viene incumpliendo de manera reiterada.

Desde 2012 a 2016, esta inversión en Andalucía ha estado de media un 1,7% por debajo de los valores legalmente previstos (un 17,9% de peso poblacional en promedio), lo que en cifras supone un déficit de inversiones de 979 millones de euros, es decir, el 0,67% del PIB de Andalucía. Y, para empeorar aún más la situación, este valor llegará en 2017 al 0,92% del PIB, con el recorte adicional de otros 392 millones de euros en los presupuestos del ejercicio.

¿Qué nos dicen, por tanto, estas cifras? Pues, en definitiva, que de haberse cumplido la ley, y si hubiera funcionado el Fondo de Compensación Interterritorial, Andalucía habría superado holgadamente el promedio de crecimiento de España y habría emprendido realmente una senda de convergencia económica con las comunidades más avanzadas del país.

Y no sólo eso. Lo que nos dicen también los datos que expongo en este artículo es que si no se apuesta por un sistema de financiación que sea justo con las autonomías, es más difícil seguir garantizando la cohesión social, la igualdad de oportunidades y unos servicios sociales dignos para todos los ciudadanos, pues son las comunidades autónomas las que invierten más del 80% de sus partidas para sostener la educación, la sanidad, la dependencia y el resto de servicios del Estado de bienestar en España.

Andalucía reclama su derecho a que se cumpla la ley y a que se garantice un trato justo y equitativo para todas las regiones. De ese trato justo depende que nuestra crezca de forma sostenida y prestando unos servicios públicos dignos y de calidad para todos los ciudadanos y vivan donde vivan.

El Gobierno andaluz ha cumplido con sus compromisos de estabilidad presupuestaria, pero ahora queda lo más importante: que el Gobierno central empiece de una vez por todas a cumplir con los suyos y le dé a Andalucía lo que le corresponde. Ojalá no haya que esperar otros cinco años a que lo haga. Andalucía no puede esperar. Y esto es algo que, con los datos en la mano, nadie puede discutir.