Los intereses de demora por una sanción de 2008 han elevado la cuantía a 2,34 euros, aunque aún desconoce el origen de la deuda con Agricultura
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DANIEL OLIVARES | GRANADA
Rafael Vela muestra tres monedas de un céntimo, justo la deuda original que reclaman. :: ALFREDO AGUILAR
La sola notificación de que había recibido una carta certificada que debía recoger en Correos ya extrañó a Rafael Vela, vecino de Atarfe. La sorpresa fue mayúscula cuando abrió el sobre y leyó el contenido. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca le reclamaba una deuda de 2008 por valor de tres céntimos de euros. Su primera reacción fue de incredulidad. La extrañeza inicial derivó a una mueca de estupor al comprobar que la sanción arrastraba intereses de demora y que la cuantía actual ascendía a 2,34 euros, que es el dinero que ha tenido que ingresar en una cuenta de una entidad financiera andaluza si no quería que la reclamación siguiera incrementando el montante a razón de un 5% anual.
«Me quedé extrañado al recibir la notificación. Nunca me había llegado una carta certificada y no sabía qué podía ser. Cuando me enteré, me reí, pero luego pensé que es una vergüenza, porque les habrá costado más enviarme la carta que el dinero que tengo que ingresar», explica Rafael, un guardia civil de Tráfico jubilado. A sus 69 años, el hombre que sancionó a conductores en Barcelona y Granada, sus dos destinos profesionales, recibió la primera sanción de su vida. Paradojas.
El envío es más caro
Su mujer, Francisca Trujillo, y él se lo han tomado con humor, aunque no alcanzan a comprender que ocurran cosas así en la administración pública. Y no les falta razón. El envío de un sobre certificado de hasta 20 gramos de peso, que puede ser el caso, está tarifado a 2,72 euros por el servicio de Correos. Es decir, la Consejería se ha gastado más dinero en notificarle la sanción a Rafael que el dinero que el vecino de Atarfe ha abonado. «He ido al banco a pagar. Tengo mi resguardo del ingreso. No quiero deber nada a nadie», ironiza con humor el deudor.
Otra curiosidad es que nunca antes había recibido un oficio en el que le comunicasen que mantenía esa deuda con la administración andaluza. Ni siquiera el de la sanción original de tres céntimos en 2008. «No me explico esto. No tenía ni idea y sigo sin saber por qué me reclaman el dinero. Me pregunto en manos de quién estamos», señala. Lo único que se le ocurre es que esté relacionado con alguna ayuda que solicitó años atrás para la pequeña finca de olivos que tiene en el pueblo, una herencia familiar que le fue expropiada en parte para la construcción de un campo de golf que ya nunca verá crecer la hierba. Aunque esa es otra historia, aún no han pagado nada de aquella expropiación, recuerda Rafael Vela, que asegura que el Ayuntamiento se quedó con cerca de 8.000 metros cuadrados de las tres hectáreas de terreno que heredó de su padre.
El remite que encabeza el oficio indica que es la Dirección General de Fondos Agrarios quien le solicitaba los poco más de dos euros a Rafael, de ahí que deduzca que puede tratarse de algo relacionado con aquellas subvenciones europeas. El documento está sellado y firmado por el subdirector económico financiero de la citada Dirección General, un departamento de la Consejería de Agricultura que gestiona Concepción Cobo González.
Aparte de las cuestiones que se plantea Rafael Vela, cabe otra pregunta: ¿qué pensó el funcionario que redactó un escrito a doble cara en el que se reclama dinero que solo alcanza para pagar su desayuno? Quizá que la burocracia es absurda, a veces.
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