Hacienda rechaza que se trate de una intervención y asegura que ayudará a estos ayuntamientos a cambio de una vigilancia detallada de ingresos y gastos
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Rescate blando para unos, intervención en toda regla para otros. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó ayer un plan para sacar de la ruina a más de 400 ayuntamientos de toda España, entre ellos 14 de la provincia de Granada. Anticipos, facilidades de pago sobre deudas pendientes y acceso a financiación bancaria son algunas de los 'caramelos' del plan. Las 'espinas', aceptar un mayor control de las cuentas por parte del Estado y adoptar una serie de medidas incómodas como subidas de impuestos o recortes de gasto.
El gabinete dirigido por Cristóbal Montoro fijó en 402 el número de esos ayuntamientos que van camino de la bancarrota y animó a que se acojan a las medidas de liquidez diseñadas por este departamento, aunque 88 de ellos ya lo han hecho. Este periódico trató ayer de identificar a esos 14 municipios granadinos susceptibles de ser rescatados pero el ministerio rechazó concretarlos. Solo se sabe que uno de ellos ya se ha adherido al plan.
Los 402 ayuntamientos representan un 5% de los 8.117 de todo el Estado. Podrían acogerse a las condiciones ofrecidas por Hacienda y que «son mejores» que cualquier otro tipo del plan económico-financiero. De estos municipios, la mayoría son menores de 5.000 habitantes, mientras que entre los medianos -superiores a 75.000- hay aproximadamente doce consistorios, entre ellos el de Jerez de la Frontera. Asimismo, de ellos, menos del 15% estarían en una situación económica «muy grave» y con problemas de deterioro financiero estructural, con un volumen excesivo de deudas con acreedores públicos o impagos.
Las medidas se pueden aplicar en el marco de la Participación en Tributos del Estado (PTE), en relación con las deudas con acreedores públicos y en la formalización de operaciones de endeudamiento. El plan de ayuda a los consistorios se inició a finales de junio y se acogieron a las medidas 88 y el ministerio detectó que había más casos, por lo que tras reunirse con los alcaldes decidió ampliar el plazo hasta el próximo día 2 de enero.
Tras precisar que la operación no costará «ni un euro más», las fuentes de Hacienda han comentado que se trata de establecer medidas relativas a anticipos en la PTE, ampliación de los reintegros de las liquidaciones definitivas o fraccionamiento de pagos a la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
Reducción de gastos
Para acogerse a las medidas, los ayuntamientos deberán corregir sus deudas por vías como la reducción de gastos de funcionamiento, financiación de los servicios públicos, no podrán reducir impuestos, tendrán prohibido adquirir o participar en nuevas sociedades, encadenar prórrogas de presupuestos o corregir las provisiones de los saldos de difícil recaudación.
Además, el ministerio prevé su «posible intervención» en la elaboración de los presupuestos, así como autorizar al municipio a abrir una cuenta bancaria de «uso restringido» e incluso podrá ordenar su bloqueo si los gastos no se corresponden con las exigencias del plan de Hacienda. La liquidez obtenida la tendrán que destinar a aminorar el importe de las deudas y no podrán incrementar las mismas ni concertar operaciones de deuda a largo plazo.
Para acceder a las ayudas, es necesario un acuerdo del pleno municipal, aunque Hacienda ha precisado que si este no se alcanzara sería posible lograrlo a través de un acuerdo del consejo de gobierno o del mismo alcalde, sin que ello interfiera en la autonomía municipal, han precisado las fuentes.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que esta medidas son muy satisfactorias para los ayuntamientos y mucho mejores que cualquier otro plan al que puedan optar, ya que tendrán más facilidad para acceder a las entidades financieras.
La lista con los ayuntamientos que tienen problemas no ha sido facilitada, pero sí han comentado las fuentes que las causas comunes para llegar a esta situación están en el endeudamiento «muy fuerte» de años anteriores y la caída de ingresos así como en la «mala gestión», que atribuyen a que «presupuestan mal de inicio», al prever unos gastos inferiores a los reales y unos ingresos superiores.
Han reconocido que la operación aunque es una «intervención» del ministerio es ventajosa para los ayuntamientos y han matizado más tarde que políticamente se trata de una «ayuda y medidas de apoyo». En referencia a los ayuntamientos que no se acojan al plan, las mismas fuentes han indicado que se aplicará la Ley de Transparencia y sus «correspondientes sanciones», así como el resto de la legalidad vigente.
De los 402 ayuntamientos con problemas económico-financieros, 88 ya se han acogido y faltarían 314 por hacerlo.
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