El inmueble pertenece a una madre divorciada, en paro y sin ingresos, que vive con su hija menor
E. P. GRANADA
La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de una vivienda en Motril en procedimiento de desahucio en aplicación de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre.
Así lo recoge un anuncio que publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y fechado el pasado 16 de diciembre, por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
Se trata del segundo expediente, tras uno en Córdoba, que abre el departamento que dirige Elena Cortés después de que el Gobierno de la Nación anunciase su decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la norma y solicitar su suspensión.
La vivienda cuyo procedimiento de expropiación forzosa se publica este lunes se ubica en el número 18 de la calle Magnolia de Motril, con una superficie construida de 125 metros cuadrados y está sometida a un proceso judicial de ejecución hipotecaria por Banesto. A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de este expediente será ir a Consejo de Gobierno. La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25% de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes. Con esta nueva vivienda, son ya 37 las sometidas a este proceso en toda Andalucía desde la aprobación de la Ley, tres de ellas en la provincia de Córdoba. El resto se reparten 15 en Málaga, tres en la provincia de Almería; seis en la provincia de Granada; tres en la provincia de Cádiz; cinco en la provincia de Sevilla; y dos en Huelva.
Así lo recoge un anuncio que publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y fechado el pasado 16 de diciembre, por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
Se trata del segundo expediente, tras uno en Córdoba, que abre el departamento que dirige Elena Cortés después de que el Gobierno de la Nación anunciase su decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la norma y solicitar su suspensión.
La vivienda cuyo procedimiento de expropiación forzosa se publica este lunes se ubica en el número 18 de la calle Magnolia de Motril, con una superficie construida de 125 metros cuadrados y está sometida a un proceso judicial de ejecución hipotecaria por Banesto. A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de este expediente será ir a Consejo de Gobierno. La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25% de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes. Con esta nueva vivienda, son ya 37 las sometidas a este proceso en toda Andalucía desde la aprobación de la Ley, tres de ellas en la provincia de Córdoba. El resto se reparten 15 en Málaga, tres en la provincia de Almería; seis en la provincia de Granada; tres en la provincia de Cádiz; cinco en la provincia de Sevilla; y dos en Huelva.
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