El incremento de la tarifa de la potencia contratada afectará a más de 88.000 propietarios en toda la provincia La factura del agua se encarecerá un 10% en los próximos meses en el litoral
L. QUERO / A. ASENSIO GRANADA
Los propietarios de las 88.804 segundas viviendas de la provincia de Granada son los principales perjudicadas por la última subida de la tarifa eléctrica. La factura de la luz se encareció el mes pasado un 3,2%, tal y como se anunció tras el Consejo de Ministros del 12 de julio, donde también quedó claro que el encarecimiento sobre todo iba a notarse en los bolsillos de los propietarios de inmuebles vacíos o segundas residencias, que en la provincia de Granada se concentran principalmente en la Costa, con 29.152 del total de segundas residencias de la provincia.
La factura eléctrica se divide, de forma básica, en dos partidas, cuota fija -o lo que es lo mismo, la potencia contratada- y el gasto de energía que el usuario haya realizado. Lo que se aprobó en el Consejo de Ministros fue la subida de ambos conceptos, pero no en la misma medida. El término fijo -o potencia contratada- ha subido más que la energía. Como consecuencia, las viviendas vacías -que apenas tienen consumo energético, por cuanto que no están habitadas- o los apartamentos de la playa -que igualmente están deshabitados durante gran parte del año- apenas notan el encarecimiento de la parte correspondiente al consumo -porque no gastan-, pero porcentualmente se ven perjudicadas por el incremento de la parte fija de la factura. Si en una primera residencia la potencia contratada apenas supone el 15% de la factura total -el resto sería el gasto energético e impuestos- en una segunda residencia o vivienda vacía -donde no hay consumo- prácticamente toda la factura es el pago de la parte fija.
Para aquellos que tienen un inmueble en la Costa la de la luz no es la única subida que tienen que afrontar. Las privatizaciones de servicios básicos se han convertido en el balón de oxígeno de los maltrechos ayuntamientos, pero la getión del servicio de aguas es, con diferencia, el negocio más jugoso con el que cuentan los municipios. Los de la Costa granadina van a obtener ahora casi 21 millones de euros gracias a la reciente aprobación de una prórroga a la empresa privada Aguas y Servicios, que en realidad no terminaba su contrato hasta 2020.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical aprobó el pasado 2 de agosto (en una sesión extraordinaria y veraniega que ha levantado suspicacias) la prórroga por 25 años a la empresa que se encarga desde 1995 del abastecimiento de aguas y la depuración, en definitiva, el ciclo integral del agua.
El contrato con esta sociedad no terminaba hasta 2020, pero la Mancomunidad ha optado ahora por avanzar esa prórroga, que le garantiza a la empresa el negocio hasta 2040. El acuerdo ha contado con el apoyo del PP y el PSOE y supondrá para los Ayuntamientos de la Costa una serie de beneficios económicos. De esos 20,8 millones de euros que la empresa pagará en los próximos años a los municipios, la mayor parte la obtendrá Motril (9 millones), Almuñécar se llevará 6 millones y Salobreña, 2 millones.
Además de esto, la empresa de servicios se compromete a realizar una serie de obras de mejora en las redes de abastecimiento por valor de 31 millones de euros. Los detractores del acuerdo aseguran que gran parte de esas obras ya las tenía que haber hecho la empresa, según lo comprometido en el contrato anterior.
La cuestión más importante sobre esta operación es la incidencia sobre los ciudadanos de la Costa y sobre sus recibos del agua. Los responsables de la Mancomunidad que han apoyado este acuerdo aseguraron que la medida va a garantizar la estabilidad económica del recibo durante los próximos 35 años. Sin embargo, IU ha denunciado que en realidad se va a producir un aumento de la recaudación de forma indirecta.
El canon por cesión de uso de instalaciones, por el que la empresa concesionaria pagará casi 21 millones a los ayuntamientos, "será abonado por los usuarios" (según IU), pues la propia empresa afirma en la propuesta de prórroga que el nuevo canon "supondrá un nuevo coste de explotación que deberá integrarse en el proyecto de explotación, con las consecuencias que de ello se derivan".
De hecho, el pasado 9 de agosto, la Mancomunidad publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del 1 de agosto para la imposición de la tasa por la prestación de servicios relativa al ciclo integral del agua. Según IU, eso supondrá una subida próxima al 10% en los recibos de los ciudadanos. En definitiva, que la empresa privada cobraría a los 88.000 abonados de la Costa el dinero que tiene que adelantar a los Ayuntamientos ahora para obtener la prórroga.
El coordinador provincial de IU, Manuel Morales, anunció ayer la presentación de unas alegaciones en las que su formación pide la anulación de ese acuerdo de prórroga, al considerar que hay incluso indicios de ilegalidad.
La modificación de importantes condiciones del contrato impide, según IU, que esto se pueda considerar una prórroga, así que piden que se inicie un proceso abierto y con libre concurrencia.
"Esto es un sucio negocio del agua que han pactado PP y PSOE en contra del interés general", declaró ayer Morales, para quien los gobiernos municipales de la Costa tienen interés en recaudar dinero en los próximos años, de cara a las elecciones, a costa de imponer un impuesto "encubierto e indigno que lo pagarán sus hijos y sus nietos", agregó ayer Morales.
La factura eléctrica se divide, de forma básica, en dos partidas, cuota fija -o lo que es lo mismo, la potencia contratada- y el gasto de energía que el usuario haya realizado. Lo que se aprobó en el Consejo de Ministros fue la subida de ambos conceptos, pero no en la misma medida. El término fijo -o potencia contratada- ha subido más que la energía. Como consecuencia, las viviendas vacías -que apenas tienen consumo energético, por cuanto que no están habitadas- o los apartamentos de la playa -que igualmente están deshabitados durante gran parte del año- apenas notan el encarecimiento de la parte correspondiente al consumo -porque no gastan-, pero porcentualmente se ven perjudicadas por el incremento de la parte fija de la factura. Si en una primera residencia la potencia contratada apenas supone el 15% de la factura total -el resto sería el gasto energético e impuestos- en una segunda residencia o vivienda vacía -donde no hay consumo- prácticamente toda la factura es el pago de la parte fija.
Para aquellos que tienen un inmueble en la Costa la de la luz no es la única subida que tienen que afrontar. Las privatizaciones de servicios básicos se han convertido en el balón de oxígeno de los maltrechos ayuntamientos, pero la getión del servicio de aguas es, con diferencia, el negocio más jugoso con el que cuentan los municipios. Los de la Costa granadina van a obtener ahora casi 21 millones de euros gracias a la reciente aprobación de una prórroga a la empresa privada Aguas y Servicios, que en realidad no terminaba su contrato hasta 2020.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical aprobó el pasado 2 de agosto (en una sesión extraordinaria y veraniega que ha levantado suspicacias) la prórroga por 25 años a la empresa que se encarga desde 1995 del abastecimiento de aguas y la depuración, en definitiva, el ciclo integral del agua.
El contrato con esta sociedad no terminaba hasta 2020, pero la Mancomunidad ha optado ahora por avanzar esa prórroga, que le garantiza a la empresa el negocio hasta 2040. El acuerdo ha contado con el apoyo del PP y el PSOE y supondrá para los Ayuntamientos de la Costa una serie de beneficios económicos. De esos 20,8 millones de euros que la empresa pagará en los próximos años a los municipios, la mayor parte la obtendrá Motril (9 millones), Almuñécar se llevará 6 millones y Salobreña, 2 millones.
Además de esto, la empresa de servicios se compromete a realizar una serie de obras de mejora en las redes de abastecimiento por valor de 31 millones de euros. Los detractores del acuerdo aseguran que gran parte de esas obras ya las tenía que haber hecho la empresa, según lo comprometido en el contrato anterior.
La cuestión más importante sobre esta operación es la incidencia sobre los ciudadanos de la Costa y sobre sus recibos del agua. Los responsables de la Mancomunidad que han apoyado este acuerdo aseguraron que la medida va a garantizar la estabilidad económica del recibo durante los próximos 35 años. Sin embargo, IU ha denunciado que en realidad se va a producir un aumento de la recaudación de forma indirecta.
El canon por cesión de uso de instalaciones, por el que la empresa concesionaria pagará casi 21 millones a los ayuntamientos, "será abonado por los usuarios" (según IU), pues la propia empresa afirma en la propuesta de prórroga que el nuevo canon "supondrá un nuevo coste de explotación que deberá integrarse en el proyecto de explotación, con las consecuencias que de ello se derivan".
De hecho, el pasado 9 de agosto, la Mancomunidad publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del 1 de agosto para la imposición de la tasa por la prestación de servicios relativa al ciclo integral del agua. Según IU, eso supondrá una subida próxima al 10% en los recibos de los ciudadanos. En definitiva, que la empresa privada cobraría a los 88.000 abonados de la Costa el dinero que tiene que adelantar a los Ayuntamientos ahora para obtener la prórroga.
El coordinador provincial de IU, Manuel Morales, anunció ayer la presentación de unas alegaciones en las que su formación pide la anulación de ese acuerdo de prórroga, al considerar que hay incluso indicios de ilegalidad.
La modificación de importantes condiciones del contrato impide, según IU, que esto se pueda considerar una prórroga, así que piden que se inicie un proceso abierto y con libre concurrencia.
"Esto es un sucio negocio del agua que han pactado PP y PSOE en contra del interés general", declaró ayer Morales, para quien los gobiernos municipales de la Costa tienen interés en recaudar dinero en los próximos años, de cara a las elecciones, a costa de imponer un impuesto "encubierto e indigno que lo pagarán sus hijos y sus nietos", agregó ayer Morales.
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