Son las actuaciones que, según el Plan de Protección del Litoral, contemplan los ayuntamientos costeros en la franja de los primeros 500 metros del litoral
ROSA FERNÁNDEZ GRANADA
El Plan de Protección del Corredor Litoral, publicado en el BOJA el pasado mes de julio, tiene en cuenta que los municipios del litoral granadino proyectan en sus planteamientos urbanísticos la construcción de 16.200 viviendas, de ellas 7.637 están dibujadas dentro de los 500 metros del litoral, una cifra muy lejana (a pesar de tener apenas 70 kilómetros de costa) de las 58.684 que prevé Málaga o las 61.311 de Almería. Sin embargo, pretende frenar que Granada lleve el mismo camino que otras que cometieron el error en el pasado de ocupar hasta el último rincón de la primera línea de playa, para horror de generaciones venideras, que ahora piensan en un crecimiento sostenible y ordenado. De ahí que la Junta mencione datos como que entre 1956 y 2009 el incremento de la superficie urbana alterada en los primeros 500 metros de costa granadina fue del 735%.
Y es que la nueva norma del Ejecutivo andaluz se fundamenta en que en los últimos 50 años se ha acelerado el proceso de crecimiento exponencial de la población de los 62 municipios costeros andaluces, lo que supuso que en esos primeros 500 metros de franja litoral se haya modificado hasta un tercio de su territorio y, como recoge la memoria, esa superficie corresponde a "espacios en los que no es factible la edificación por protecciones ambientales, territoriales, dominios públicos de ríos, marismas, etc". De ahí que en diciembre del año pasado, el Decreto de Protección del Litoral suspendiera los planes de urbanización que afecten a los 500 metros del litoral de los municipios que no tengan actualizado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estos últimos debían recoger los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía (POTA), que pretendía controlar los desmanes en el litoral justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que seis años después de su aprobación sólo habían sido acatados por un 11% de los 771 municipios que debían cumplirlos. De ahí justifica la Junta la necesidad de intervenir.
Sin embargo, en la Costa Tropical, en general, no se ha producido un urbanismo feroz, ya que se trata de una zona donde el turismo masificado no llegó y que, en el caso del litoral oriental, es virgen para este sector. Por lo que los ayuntamientos no entienden "el café para todos" de la norma, que, según la mayoría, coarta su crecimiento y desarrollo.
Así pues, el número de las 16.200 viviendas proyectadas por los municipios costeros es muy probable que se quede tan sólo en el papel, a juzgar por la crisis y la regulación actual.
La Junta afirma que en el caso de la franja de los primeros 500 metros de costa de Granada, tan sólo el Plan afecta a 1.616 viviendas, por lo que se podrán construir 6.021. Aparte, según el Ejecutivo autonómico, "los ayuntamientos podrán construir fuera de la mencionada franja", con los condicionamientos del POTA.
Aquí está el quid de la cuestión, según destaca el teniente de alcalde de Ordenación del Territorio de Motril, Nicolás Navarro, quien alerta de que los problemas están en relación a esta última cláusula, la cual hace referencia a que los PGOU actuales deberán tener en cuenta los límites del POTA, mientras que antes se decía que deberían adaptarse a él los futuros planeamientos urbanísticos locales.
El edil está convencido de que esta norma se aprueba por comportamientos agresivos con el litoral de otros territorios, pero que no es el caso de Granada y mucho menos de Motril, una ciudad que ha crecido de forma "compacta y ordenada". Además, reconoce no entender cómo el PGOU de la localidad costera recibe los parabienes de la Junta en 2003, en 2006 se aprueba el POTA y el Plan Subregional en 2011 y, después de este tiempo, en 2012 se reorganiza otra vez todo.
En el caso de Motril, las zonas afectadas por la nueva norma son el TOR-3, en la que se preveían 344 viviendas, y el TOR-1, con 360, ambas en Torrenueva. En el caso de la marina seca de Playa Granada no afecta de lleno al proyecto, pero sí a las edificaciones aparejadas en principio al mismo que después desaparecen, por lo que se quedará en una lámina de agua con zonas verdes, que supuestamente no tendrá ningún problema de aprobación por parte de la Junta. También en Carchuna están estudiando posibles limitaciones en el futuro en la zona de invernaderos.
Según el concejal, la regla 30/40 del POTA (norma 45-4a) es la que más daño hace al desarrollo de Motril, puesto que establece que en un plazo de 15 años un municipio no puede crecer más de un 30% de población (en 2026, por tanto, la ciudad no deberá sobrepasar los 79.000 habitantes), ni el 40% del suelo urbano pintado en su PGOU. De ahí que Navarro afirme que a esta localidad "le sobran", según las normas de la Junta, 8.700 viviendas que nunca podrán construirse. Esto obliga a modificar los actuales planeamientos, a desclasificar suelos e introduce problemas para los ayuntamientos tales como a qué propietarios les quita el derecho adquirido de la propiedad sobre suelo urbano, por el que llevan pagando impuestos desde hace años.
De momento, Navarro reconoce que ya han perdido algunas oportunidades con la nueva norma de la Junta, como la construcción de un grupo de VPO que sobrepasa en cinco el número de viviendas permitidas y esperan que no se pierda también una operación por la que una cadena alimentaria se quiere instalar en Motril.
También Eloy Martín, alcalde de Gualchos-Castell de Ferro, relata cómo su pueblo un mes antes de que se aprobara el Plan de Protección del Corredor Litoral recibió la visita de los promotores de un hotel de cuatro estrellas que estaban interesados en construir un establecimiento hotelero de primer nivel en Castell, pero que desde que supieron las intenciones de la Junta se marcharon, según ellos mismos comunicaron.
Las zonas afectadas por el Plan en esta localidad, según fuentes municipales, son el Plan Parcial 1, en la desembocadura de la rambla de Lújar y con 51.900 m2, y el Plan 4, donde antes se ubicaba el Camping Las Palmeras, con una zona de 24.708 m2 y otra de 57.743 m2. En ambos lugares, se proyectaban 254 y 440 viviendas, respectivamente.
No obstante, los mayores problemas en la Costa Tropical por el Plan del Litoral se presentan en Almuñécar, ciudad que alberga 6 de los 8 sectores afectados por esta norma en Granada. Según el Ayuntamiento el número de viviendas que se preveía para el desarrollo del municipio era de 50.025, de ellas se han materializado en torno a 40.000.
Y es que la nueva norma del Ejecutivo andaluz se fundamenta en que en los últimos 50 años se ha acelerado el proceso de crecimiento exponencial de la población de los 62 municipios costeros andaluces, lo que supuso que en esos primeros 500 metros de franja litoral se haya modificado hasta un tercio de su territorio y, como recoge la memoria, esa superficie corresponde a "espacios en los que no es factible la edificación por protecciones ambientales, territoriales, dominios públicos de ríos, marismas, etc". De ahí que en diciembre del año pasado, el Decreto de Protección del Litoral suspendiera los planes de urbanización que afecten a los 500 metros del litoral de los municipios que no tengan actualizado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estos últimos debían recoger los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía (POTA), que pretendía controlar los desmanes en el litoral justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que seis años después de su aprobación sólo habían sido acatados por un 11% de los 771 municipios que debían cumplirlos. De ahí justifica la Junta la necesidad de intervenir.
Sin embargo, en la Costa Tropical, en general, no se ha producido un urbanismo feroz, ya que se trata de una zona donde el turismo masificado no llegó y que, en el caso del litoral oriental, es virgen para este sector. Por lo que los ayuntamientos no entienden "el café para todos" de la norma, que, según la mayoría, coarta su crecimiento y desarrollo.
Así pues, el número de las 16.200 viviendas proyectadas por los municipios costeros es muy probable que se quede tan sólo en el papel, a juzgar por la crisis y la regulación actual.
La Junta afirma que en el caso de la franja de los primeros 500 metros de costa de Granada, tan sólo el Plan afecta a 1.616 viviendas, por lo que se podrán construir 6.021. Aparte, según el Ejecutivo autonómico, "los ayuntamientos podrán construir fuera de la mencionada franja", con los condicionamientos del POTA.
Aquí está el quid de la cuestión, según destaca el teniente de alcalde de Ordenación del Territorio de Motril, Nicolás Navarro, quien alerta de que los problemas están en relación a esta última cláusula, la cual hace referencia a que los PGOU actuales deberán tener en cuenta los límites del POTA, mientras que antes se decía que deberían adaptarse a él los futuros planeamientos urbanísticos locales.
El edil está convencido de que esta norma se aprueba por comportamientos agresivos con el litoral de otros territorios, pero que no es el caso de Granada y mucho menos de Motril, una ciudad que ha crecido de forma "compacta y ordenada". Además, reconoce no entender cómo el PGOU de la localidad costera recibe los parabienes de la Junta en 2003, en 2006 se aprueba el POTA y el Plan Subregional en 2011 y, después de este tiempo, en 2012 se reorganiza otra vez todo.
En el caso de Motril, las zonas afectadas por la nueva norma son el TOR-3, en la que se preveían 344 viviendas, y el TOR-1, con 360, ambas en Torrenueva. En el caso de la marina seca de Playa Granada no afecta de lleno al proyecto, pero sí a las edificaciones aparejadas en principio al mismo que después desaparecen, por lo que se quedará en una lámina de agua con zonas verdes, que supuestamente no tendrá ningún problema de aprobación por parte de la Junta. También en Carchuna están estudiando posibles limitaciones en el futuro en la zona de invernaderos.
Según el concejal, la regla 30/40 del POTA (norma 45-4a) es la que más daño hace al desarrollo de Motril, puesto que establece que en un plazo de 15 años un municipio no puede crecer más de un 30% de población (en 2026, por tanto, la ciudad no deberá sobrepasar los 79.000 habitantes), ni el 40% del suelo urbano pintado en su PGOU. De ahí que Navarro afirme que a esta localidad "le sobran", según las normas de la Junta, 8.700 viviendas que nunca podrán construirse. Esto obliga a modificar los actuales planeamientos, a desclasificar suelos e introduce problemas para los ayuntamientos tales como a qué propietarios les quita el derecho adquirido de la propiedad sobre suelo urbano, por el que llevan pagando impuestos desde hace años.
De momento, Navarro reconoce que ya han perdido algunas oportunidades con la nueva norma de la Junta, como la construcción de un grupo de VPO que sobrepasa en cinco el número de viviendas permitidas y esperan que no se pierda también una operación por la que una cadena alimentaria se quiere instalar en Motril.
También Eloy Martín, alcalde de Gualchos-Castell de Ferro, relata cómo su pueblo un mes antes de que se aprobara el Plan de Protección del Corredor Litoral recibió la visita de los promotores de un hotel de cuatro estrellas que estaban interesados en construir un establecimiento hotelero de primer nivel en Castell, pero que desde que supieron las intenciones de la Junta se marcharon, según ellos mismos comunicaron.
Las zonas afectadas por el Plan en esta localidad, según fuentes municipales, son el Plan Parcial 1, en la desembocadura de la rambla de Lújar y con 51.900 m2, y el Plan 4, donde antes se ubicaba el Camping Las Palmeras, con una zona de 24.708 m2 y otra de 57.743 m2. En ambos lugares, se proyectaban 254 y 440 viviendas, respectivamente.
No obstante, los mayores problemas en la Costa Tropical por el Plan del Litoral se presentan en Almuñécar, ciudad que alberga 6 de los 8 sectores afectados por esta norma en Granada. Según el Ayuntamiento el número de viviendas que se preveía para el desarrollo del municipio era de 50.025, de ellas se han materializado en torno a 40.000.
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