Las residencias piden a Susana Díaz que retome la negociación y paralice la orden por la que desaparecerán en septiembre 2.800 plazas concertadas poniendo en riesgo 2.000 empleos.
ANTONIO FUENTES SEVILLA
Izquierda Unida solicitó ayer que la Junta revise de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2014 las medidas que se van a tomar con el sector de los centros de mayores y discapacitados.
Una carta remitida a principios de agosto por la Consejería de Salud y Bienestar Social informó a las patronales de que, por motivos presupuestarios, se procederá a modificar la normativa vigente de 1996 para eliminar la reserva de plaza en las residencias de mayores y centros de discapacitados. Este proyecto tiene mayor impacto en las residencias, ya que en los centros de discapacitados sí están entrando nuevos usuarios. Pero la parálisis de la ley de dependencia está incrementando las plazas sin ocupar en las residencias de mayores, hasta 2.800 de las 11.163 concertadas (el 25%), según las diferentes patronales sector.
Si la Junta deja de pagar la reserva (el 60% de los 1.488 euros que cuesta una plaza al mes, 888 euros) y sigue sin derivar personas mayores, en la práctica se perderán estas plazas, se cerrarán pequeñas empresas, principalmente en el entorno rural, y se perderán entre 1.500 y 2.000 empleos, advierte el sector.
Ninguno de los portavoces de los partidos políticos aludieron ayer en las ruedas de prensa a esta medida, adelantada el domingo por esta redacción. En cambio, sí se produjeron contactos entre afectados y dirigentes políticos.
El vicepresidente primero del Parlamento y diputado por IU, Ignacio García, confirmó que algunas asociaciones le habían expresado su preocupación y, en declaraciones a esta redacción, afirmó que esta medida debería revisarse en la negociación de los Presupuestos de 2014, que debe concluir antes de final de año.
"IU espera que se retome el diálogo con el sector y se busque una salida consensuada, porque son muchas plazas y muchos empleos. Creemos que hay que hacer todo lo posible para que esa asistencia no se pierda, por lo que hay que apurar el diálogo y explorar si no hay otra solución", afirmó García, quien indicó que IU está a la espera de hablar con la Consejería de Salud y los afectados ante una medida cuyas consecuencias "no nos parecen las más deseables".
La entrada en vigor de esta modificación normativa se espera para los primeros días de septiembre, una vez que el pasado viernes se agotaron los 15 días de alegaciones.
Salud entiende que ésta es la mejor solución para reducir el objetivo de déficit y paliar los recortes del Gobierno central en dependencia (213 millones en dos años), pero el sector está sorprendido porque, tras un año de negociación, la Consejería que dirige María Jesús Montero haya tomado esta decisión unilateral. Por esta razón las patronales han solicitado una entrevista a la futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que pedirán la paralización de la orden y retomar la negociación.
No obstante, avisan que si Salud sigue adelante acudirán al contencioso, ya que esta modificación normativa incumple el principio de legalidad y jerarquía normativa, toda vez que es contraria a la ley de dependencia que obliga a las administraciones a reconocer el derecho a una ayuda.
Menos posibilidades tiene una acción de protesta en la calle. "Son gente muy mayor, no vamos a maltratarlos. Además sería imposible movilizar a las más de 50.000 familias que tienen reconocido el derecho a una ayuda y aún no la tienen", responde José Manuel Olmedo, presidente de Lares-Andalucía, asociación que representa a 132 residencias andaluzas.
Olmedo apunta que los convenios con la Junta se hacen de febrero a febrero y, por lo tanto, si la Junta deja de pagar estas reservas en septiembre se está incumpliendo ese pacto. Durante años la Junta ha incentivado a la construcción de residencias para dar cobertura a las personas mayores, también los ayuntamientos, "y la mayoría están aún hipotecadas, por lo que esta medida les va a abocar al cierre", expone.
La Junta mantendría la reserva de plaza, pero no la pagaría. "Una residencia no puede estar con plazas vacías, tiene que amortizarlas; y si no nos mandan nuevos residentes, nos están obligando a prescindir de los trabajadores, que tampoco es fácil, porque muchos son indefinidos", expone Olmedo, que añade que un 30% de las pequeñas residencias andaluzas ya están en riesgo de cierre.
"Se perderá empleo y tejido empresarial, principalmente pymes andaluzas, porque las grandes firmas sí pueden sufragar esta pérdida", lamenta Andrés Rodríguez, de las cooperativas de Trabajo y Economía Social Faecta. "Sólo pedimos que se abra un nuevo tiempo de interlocución y se busque una solución para amortizar las plazas, siempre pensando en el sostenimiento del sistema. Hay recortes, pero no tenemos que ser las residencias de mayores quienes paguemos la factura", señala.
En la petición de entrevista con Díaz las patronales reclaman que Andalucía "haga bandera de las políticas sociales". Javier Oyarzábal, presidente de la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia FAAD, recuerda que en junio se presentaron al Parlamento 127.434 firmas "para que se escuchase nuestra voz, pero los políticos no nos han escuchado".
Oyarzábal recuerda que la dependencia es un sector en auge, "que tiene demanda y produce riqueza, y con esta medida van a caer muchas residencias rurales y se va a dar una puñalada certera al asentamiento de población en estas zonas". "Además, recordamos cómo Micaela Navarro (anterior consejera) decía que hay que devolver el esfuerzo a estas personas que tanto han trabajado y ahora son mayores. Pero ahora, como no son productivos, parece que ya no interesan", concluye.
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