La Junta sigue sin ejecutar todas las infraestructuras necesarias pese a que el plazo tope se acaba en enero de 2015
MIGUEL ALLENDE | GRANADA
Modernas instalaciones de la EDAR Sur Granada que la Junta de Andalucía amplió el pasado año. :: ALFREDO AGUILAR
La depuración de las aguas residuales que se generan en el
ámbito urbano por parte de hogares y empresas, es una asignatura que los
países más avanzados de Europa dejaron resuelta años atrás pero que
sigue pendiente en una provincia como Granada. Muchos municipios aún
vierten sin limpiar el agua usada, que va a parar directamente a ríos,
arroyos, acequias e incluso al mar, con los consiguientes daños
ambientales y los riesgos que en algunos casos se derivan para la salud
de las personas.
La Unión Europea no está dispuesta que esta situación se
prolongue en el tiempo sin que tenga consecuencias para los países que
la toleran, como es el caso de España. Por ello, aprobó en diciembre de
2000 la Directiva Marco del Agua que establece un horizonte concreto
-enero de 2015- para que todo el agua residual vaya a parar a los
citados cauces no solo depurada, sino con un grado de limpieza que
marcan unos determinados parámetros de los que son conocedores las
distintas administraciones. No basta por tanto que las aguas sucias
pasen por la depuradora, lo que ya sería un logro, sino que esta
funcione con el nivel de calidad que exige Europa.
No será por falta de legislación por la que no se ha
solucionado el problema. A la directiva comunitaria, cabe añadir la Ley
de Aguas Española de 1985, modificada después mediante Real Decreto en
2001. O la normativa andaluza -Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía- que
también es taxativa al respecto. Todo un compendio legal que, a la
postre, de poco ha servido. Al menos en el caso concreto de la provincia
granadina.
El completo estudio realizado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía a finales de 2012 y que no ha
variado sustancialmente en los 17 meses transcurridos, demuestra, con
datos propios e información recogida en la Junta de Andalucía y en la
Diputación Provincial, que casi la mitad de la población de la provincia
-un 46%- arroja sin depurar el agua a los mencionados cauces. Es decir,
unas 430.000 personas. Y no lo hacen por la sencilla razón de que sus
municipios no cuentan con depuración efectiva. Concepto que engloba
otros: están pendientes de su puesta en marcha, su construcción ha sido
reprogramada, se encuentra en estudio o simplemente, que no tienen nada a
la vista.
En el otro lado de la balanza se encuentra la otra mitad de
la población granadina, el 54% restante, cuyas aguas residuales sí son
depuradas convenientemente y lo hacen con los parámetros que exige la
Unión Europea antes de acabar en su destino final. Suman 496.000
personas y viven, como es comprensible de entender, en las ciudades y
pueblos de mayor tamaño, como Granada o Motril.
Área Metropolitana
Baste señalar como fiel reflejo de todo lo anterior el
hecho de que una comarca como es el Área Metropolitana, conformada por
32 municipios y con una población aproximada de 524.000 habitantes,
257.000 tienen ese servicio incluido entre los que les presta su
respectivo ayuntamiento, mientras que los 267.000 restantes no disponen
del mismo. Dicho de otra manera, tan solo cinco municipios de esta
comarca, la más poblada de toda la provincia, depuran sus aguas tal y
como exige la UE. A estos habría que añadir otros cinco más que el
pasado año quedaron enganchados a la EDAR Granada Sur, pero están a la
espera de los colectores. Los 17 restantes no lo hacen. Han cumplido los
de Cenes de la Vega, Granada, Huétor Vega, Monachil, Pinos Genil más
los de Cájar, Gójar, Ogíjares, Armilla y La Zubia, estos últimos a la
espera de las últimas conexiones. Los demás tienen que apuntarse ese
debe, que no es pequeño, aunque la responsabilidad final de contar con
las infraestructuras necesarias no depende de ellos, sino de la Junta de
Andalucía.
Pese a todo, el Área Metropolitana de Granada dispone de
más estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) que otras
comarcas, pues cuenta con la Sur Granada, la Oeste Los Vados y la
ubicada en Pradollano, adonde van a parar los vertidos de Monachil. Hay
que reconocer, en este punto, que las situación mejoró el pasado año
después de que la Junta inaugurase la segunda fase de ampliación de la
EDAR Sur Granada, que se ubica en el Camino de Purchil. Unas
instalaciones que han sido dotadas de los sistemas más novedosos para el
tratamiento de los vertidos que se reciben a diario y que en su mayor
parte proceden de los domicilios de las poblaciones del Área
Metropolitana antes citada, así como de un buen número de pequeñas y
medianas empresas.
Proyectos
Pese a que el tiempo corre en su contra, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no parece tener prisa por
remediar las mencionadas carencias. Aunque sería más preciso afirmar que
no dispone de los recursos necesarios para acometer, en el menor plazo
posible, todas las infraestructuras necesarias para la depuración del
agua en los municipios que no cuentan con ella y hacerlo conforme a los
parámetros marcados por la UE. Las restricciones impuestas en los
Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014, con el objetivo de
cumplir con el déficit marcado por el Ministerio de Hacienda, son las
que explicarían en estos momentos la falta de una mayor inversión. No
así en años de bonanza, precedentes a la situación de crisis.
En fechas recientes, la delegada territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada
Oria, daba a conocer las obras y proyectos en tramitación. Las
actuaciones correspondientes a las primeras de ellas, de saneamiento y
depuración, y ya en la fase de licitación son las EDAR de Albuñol,
Huétor-Tájar, Íllora, Montefrío y Zújar. Mucho tendrían que correr las
empresas adjudicatarias de las mismas para que a lo largo de 2015
estuvieran completas estas infraestructuras.
Por lo que a la redacción de proyectos se refiere, la
inversión se encuentra cercana a 1,5 millones de euros, encontrándose en
licitación a la fecha para su redacción los relacionados con la
agrupación de vertidos y construcción de estaciones depuradoras de Los
Guájares, Jerez del Marquesado, Salar y Campotéjar, que con una
inversión global de 448.396 euros favorecerán a una población de 7.520
habitantes de estos cuatro municipios.
Así las cosas, todo hace presagiar que Granada no cumplirá
en 2015 con la normativa europea. Su caso, como el de otras provincias
españolas, puede derivar en nuevas sanciones para el país y lo que es
peor, en una restricción de nuevos fondos comunitarios como son los del
desarrollo rural.
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