Ocho municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia firmaron ayer los convenios de ayuda
VIRGINIA MARTÍNEZ GRANADA Junta, ayuntamientos y Diputación firmaron ayer los convenios.
La Junta firmó ayer los convenios que recogen la financiación autonómica para ayudas familiares contra la exclusión social. El presupuesto consignado por la Consejería de Salud y Bienestar Social es de unos 430.000 euros a distribuir entre los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia.
Los ayuntamientos de Almuñécar, Loja, Motril, Granada, Maracena, Armilla, Guadix y Baza, y la representante de la Diputación -la delegada Marta Nievas- formalizaron ayer la recepción de las prestaciones. "Su objetivo será lograr un mayor bienestar de la infancia, priorizando los grupos que se encuentran en situación de riesgo o inadaptación, logrando su integración en la vida social", explicó Higinio Almagro, delegado de Salud y Bienestar Social.
Los últimos convenios se suman al ya firmado el pasado mes de mayo, en el que se alcanzaban casi 165.000 euros. Fernando Egea, concejal de Bienestar Social e Igualdad en el Ayuntamiento de la capital, criticó que la doble financiación supone "una paradoja en la gestión pintoresca del decreto de exclusión al suponer un galimatías en la preparación de expedientes por contemplar requisitos distintos en los dos convenios". Por contra, Almagro destacó que supone reforzar las actuaciones al triplicar la inversión realizada con anterioridad.
Las ayudas están contempladas en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias y se destinarán a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales de los Servicios Sociales Comunitarios. En contreto, la distribución por ayuntamientos será la siguiente: Granada recibirá unos 117.000 euros; Almuñécar, unos 12.300; Armilla, casi 10.500; Baza, en torno a 10.200; Guadix, alrededor de 9.350; Loja, casi 10.200; Maracena, sobre los 10.200 y unos 225.400 a repartir por la Diputación.
El decreto de medidas urgentes y extraordinarias para la lucha contra la exclusión en Andalucía se aprobó el pasado mes de abril para prevenir y paliar el impacto de los colectivos más vulnerables. Los municipios comenzarán a percibir las cantidades acordadas a finales del mes de julio a través de la Diputación Provincial.
Las ayudas se materializarán como prestaciones temporales (dinerarias o en especie) con carácter preventivo. Los beneficiarios serán familias con menores a su cargo cuando estas carezcan de recursos económicos suficientes para atender sus necesidades básicas. El delegado alabó la labor desempeñada por los profesionales de los servicios sociales al suponer una "puerta de acceso a las ayudas para las familias en situación de riesgo".
Por su parte, el Gobierno Central contribuye a los servicios sociales municipales a través del Plan Concertado, que en el presente 2013 ha destinado 5,3 millones de euros para Andalucía, lo que supone casi un 60% menos que el año pasado, cuando se consignaron unos 9 millones.
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