La prometida ley española tropieza incesantemente con la presión del ministerio de Hacienda El modelo francés inspira el proyecto, que José María Lassalle aún no ha podido sacar adelante
CHARO RAMOS
Gobierno tras gobierno, todos los intentos de sacar adelante en España una Ley de mecenazgo han sido abortados por los sucesivos responsables de Hacienda. Sin embargo, la semana pasada el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló en el Senado que "en breve" habría novedades sobre la norma en la que está trabajando el Ejecutivo y cuyo nombre será Ley de participación social en actividades de interés general y mecenazgo.
Esta propuesta, según la cual la iniciativa privada pasará a financiar una parte importante de la cultura en España, fue anunciada como una prioridad del Gobierno de Rajoy en sus primeros compases, antes de que la obsesión por equilibrar los presupuestos y la subida del IVA cultural al 21% -con efectos dramáticos por todos conocidos como la caída del consumo y el cierre de numerosas empresas del sector- la condujera a un enigmático y perverso limbo, que subraya más si cabe la excepcionalidad española en el contexto europeo.
La propuesta del Gobierno, abanderada por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, guardaría mucha relación, según lo que se ha filtrado de ella en los últimos meses, con la que el político cántabro defendió cuando era portavoz de cultura del PP en el Congreso de los Diputados y que, en marzo de 2011, fue rechazada por los votos en contra del PSOE e IU-ICV.
Inspirada en buena medida en el éxito de la ley francesa de mecenazgo de 2003, el documento auspiciado por Lassalle tiene como ejes principales el incremento de los incentivos fiscales para las personas físicas y jurídicas así como la revalorización social del mecenazgo en España, devolviéndole el prestigio a los benefactores de la cultura mediante la creación de un Observatorio y un Premio Nacional de Mecenazgo.
El temor del Ministerio de Hacienda al impacto negativo de las desgravaciones fiscales que contemplaría ese anteproyecto de ley -se habla de alcanzar el 70% para las personas físicas y el 60% para las sociedades que inviertan en cultura; con la actual ley 49/2002 de 23 de diciembre el tope es del 35% para empresas y del 25% para los particulares- ha bloqueado su concreción, acentuando el desánimo de un sector golpeado "por el abrazo brutal y despiadado de la crisis", en expresión de Lasalle.
Relegado además en las prioridades económicas del actual Gobierno, el Ministerio de Cultura ha recortado drásticamente sus asignaciones a los proyectos emblemáticos en España: el Museo del Prado, por ejemplo, ha perdido un 50% de su presupuesto público en los tres últimos años y en un porcentaje similar se mueven las principales casas de ópera, que buscan en la taquilla, el alquiler de espacios, el patrocinio y hasta el micromecenazgo vías complementarias para financiarse y seguir manteniendo su calidad artística.
La necesidad de incorporar a la sociedad civil -empresas, autónomos y particulares- a los programas y objetivos de las instituciones culturales ha provocado que muchas de ellas vayan ya muy por delante de la futura ley y tengan "los deberes hechos" para cuando ésta se apruebe, combatiendo con un optimismo racional la lógica de los tiempos, como ha demostrado el Teatro de la Maestranza con el novedoso programa de micromecenazgo que ha puesto en marcha.
"No podemos permitirnos el recurso a la melancolía", defendía recientemente Miguel Zugaza, director del Prado, en la clausura del curso de verano Museos y Mecenazgo, hoy que organizaron la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Amigos de dicho museo. "La cultura no es sólo un derecho sino también una responsabilidad. Hay que pedir más apoyo a la sociedad para ir cambiando el rol del mecenas y tratar de generalizar sus prácticas. Los museos como el Prado, por la fuerza de sus fondos, pueden jugar un papel muy importante en ese cambio de mentalidad. Pero, a la vez que reclamamos un mayor esfuerzo cívico, los responsables de museos debemos exigir al Estado que garantice el sentido público de nuestras instituciones y de nuestras colecciones", reflexionaba. Actualmente el Museo del Prado, por cada millón de ayuda pública que recibía, debía ingresar otro millón en patrocinios privados. En los próximos años la pinacoteca deberá triplicar esos ingresos propios: es decir, por cada millón de subvención, deberá generar tres millones.
Esa conciencia de que el futuro de los museos -o el de la lírica, los grandes teatros y las orquestas sinfónicas- va a depender en mayor medida de la colaboración social no debe permitir al sector público eludir sus responsabilidades. "La colaboración privada no puede sustituir al Estado en la protección de la cultura y del patrimonio histórico. El mecenazgo debe ser un complemento pero no un fin", recalcó en el curso convocado por la Complutense la especialista en patrocinio cultural Ainhoa Grandes, directora desde 1999 de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).
Para ella, como para la mayoría de los expertos consultados sobre el tema, hay unanimidad en que es "urgente" regular la financiación privada de las artes previa aprobación de una ley de mecenazgo española que desarrolle e impulse esa cultura filantrópica sobre la que tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos comunitarios. En países como Reino Unido e Italia las empresas y los particulares pueden deducirse el 100% en la declaración de la renta, cuando donen para un fin cultural. Prueba del alcance social de la medida es un estudio reciente del British Council, que reveló que por cada libra que la sociedad británica invertía en cultura recibía cuatro de beneficio, es decir, cuadruplicaba sus efectos.
Por sus peculiaridades y la rapidez con la que le ha dado la vuelta a un modelo que giraba alrededor de la subvención pública y en el que el Estado tenía el monopolio de la cultura, Francia parece ser el ejemplo más atractivo y contundente de las bondades que el mecenazgo aporta a la sociedad. En otro de los foros más relevantes celebrado en los últimos meses en España sobre el tema, el I Encuentro franco-español sobre mecenazgo convocado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Instituto Francés a instancias de la agregada cultural Victoire Bidegain di Rosa, los asistentes pudieron tomar conciencia del enorme partido que las empresas del país vecino le han sacado a la inversión voluntaria en proyectos de interés general (no sólo culturales, también sociales, solidarios, sanitarios, educativos...) en términos fiscales pero también en lo que concierne a su imagen y ética corporativa.
La ley francesa del 1 de agosto de 2003, que dentro de dos semanas cumplirá su primera década, permite a las empresas la deducción del 60% de las donaciones de los impuestos debidos, cifra que asciende al 66% para los particulares y, con variantes, puede alcanzar al 75%. Gracias a esos porcentajes el importe total del mecenazgo empresarial ha pasado de 150 millones de euros en 2003 a cerca de 1,3 billón de euros a día de hoy; el número de empresas mecenas se ha multiplicado por diez. Para los particulares, el importe total pasó de 900 millones de euros en 2003 a 2 billones en 2013, creciendo el número de mecenas de 1 a 5 millones en esta primera década de aplicación de la ley.
El máximo de las donaciones francesas es, sin embargo, del 0,5% del producto de la empresa, lo que significa mucho para las grandes pero no tanto para las pequeñas y medianas, aspecto que se quiere revisar ahora. Con todo, la ley también ha tenido efectos colaterales muy interesantes al crear una cultura filantrópica propicia a la financiación participativa. "El crowdfunding -desde el microcrédito a las donaciones o la participación en presupuestos de producción- se ha convertido en una herramienta habitual en la sociedad francesa, donde proliferan las plataformas digitales que se han especializado en recolectar donaciones, y que benefician sobre todo a los a artistas individuales, las asociaciones y al patrimonio", explicaba en la sede de la UNIA en la isla de la Cartuja Robert Fohr, jefe de la misión de mecenazgo (Mission du Mecenat) del Ministerio de la Cultura y la Comunicación de Francia, cuya sola creación fue un factor clave del éxito del modelo al favorecer desde el corazón de la maquinaria del Estado a los departamentos que impulsan el mecenazgo en las principales instituciones culturales de ese país, promoviendo sus proyectos. Elcrowdfunding, sin embargo, no tiene en Francia deducciones fiscales, algo que se reclama ahora a los responsables legislativos, al igual que una rebaja en el IVA aplicado, según constató también en este Encuentro franco-español Olivier Schulbaum, codirector de la plataforma Goteo.org, que busca "fomentar la inversión corresponsable en proyectos respaldados por la sociedad civil". Pese a ello, las campañas de micromecenazgo arrasan en el país vecino y recientemente su museo más señero, el Louvre, ha logrado mediante la aportación ciudadana incorporar al patrimonio nacional el cuadro Las tres Gracias de Lucas Cranach.
La idea del micromecenazgo también está presente en el borrador de la ley de Lassalle, que más de una vez ha declarado que fue el primero en defender públicamente esta fórmula. El micromecenazgo es asimismo una de las novedades más interesantes de la Ley andaluza de estímulos a la cultura, que el consejero Luciano Alonso quiere aprobar antes de marzo de 2014 y que incluye también entre sus medidas la posibilidad de rentabilizar los espacios culturales mediante el alquiler de museos y bibliotecas públicos. El revés de la norma andaluza es que su impacto en términos presupuestarios será escaso pues el límite de la desgravación se sitúa en 240 euros para quienes ganen menos de 45.000 euros brutos anuales, consuman cultura y lo acrediten -en principio, mediante las correspondientes entradas, tickets o facturas, aspecto éste aún sin concretar-, lo que deja fuera de su alcance a los mecenas de mayor potencial económico además de aquellos que financien actividades sociales y solidarias, ya que la ley andaluza sólo se aplica a los proyectos de interés cultural.
En cualquier caso, parece un instrumento importante a la hora de favorecer un cambio de mentalidad social y el propio secretario de Estado de Cultura ha señalado públicamente su "satisfacción" porque las autonomías avancen en el tramo de sus competencias y aporten ideas al debate. La última en llegar ha sido Navarra, que esta semana ha aprobado el anteproyecto de ley foral de mecenazgo cultural, que establecerá deducciones de hasta el 50 % en el IRPF para personas físicas y de hasta el 30 % en el Impuesto de Sociedades para personas jurídicas.
"La Ley de Mecenazgo y su desarrollo deben ser uno de los escenarios que las fuerzas de este país debemos explotar con ambición y audacia institucional. Si el PP llega al Gobierno, el mecenazgo y la apuesta por el mecenazgo será uno de los elementos vertebradores de su política cultural; y quién aquí protagoniza la mayor ambición en defensa del mecenazgo, es el PP", afirmaba un exultante Lassalle en marzo de 2011 en el Congreso. Más de dos años después, y con un país con un potencial creativo sin parangón pero asfixiado como nunca por esas medidas de crecimiento que parecen tener justo el efecto contrario, al Gobierno le toca, más que nunca, mover ficha y sacar la norma del atolladero fiscal.
Esta propuesta, según la cual la iniciativa privada pasará a financiar una parte importante de la cultura en España, fue anunciada como una prioridad del Gobierno de Rajoy en sus primeros compases, antes de que la obsesión por equilibrar los presupuestos y la subida del IVA cultural al 21% -con efectos dramáticos por todos conocidos como la caída del consumo y el cierre de numerosas empresas del sector- la condujera a un enigmático y perverso limbo, que subraya más si cabe la excepcionalidad española en el contexto europeo.
La propuesta del Gobierno, abanderada por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, guardaría mucha relación, según lo que se ha filtrado de ella en los últimos meses, con la que el político cántabro defendió cuando era portavoz de cultura del PP en el Congreso de los Diputados y que, en marzo de 2011, fue rechazada por los votos en contra del PSOE e IU-ICV.
Inspirada en buena medida en el éxito de la ley francesa de mecenazgo de 2003, el documento auspiciado por Lassalle tiene como ejes principales el incremento de los incentivos fiscales para las personas físicas y jurídicas así como la revalorización social del mecenazgo en España, devolviéndole el prestigio a los benefactores de la cultura mediante la creación de un Observatorio y un Premio Nacional de Mecenazgo.
El temor del Ministerio de Hacienda al impacto negativo de las desgravaciones fiscales que contemplaría ese anteproyecto de ley -se habla de alcanzar el 70% para las personas físicas y el 60% para las sociedades que inviertan en cultura; con la actual ley 49/2002 de 23 de diciembre el tope es del 35% para empresas y del 25% para los particulares- ha bloqueado su concreción, acentuando el desánimo de un sector golpeado "por el abrazo brutal y despiadado de la crisis", en expresión de Lasalle.
Relegado además en las prioridades económicas del actual Gobierno, el Ministerio de Cultura ha recortado drásticamente sus asignaciones a los proyectos emblemáticos en España: el Museo del Prado, por ejemplo, ha perdido un 50% de su presupuesto público en los tres últimos años y en un porcentaje similar se mueven las principales casas de ópera, que buscan en la taquilla, el alquiler de espacios, el patrocinio y hasta el micromecenazgo vías complementarias para financiarse y seguir manteniendo su calidad artística.
La necesidad de incorporar a la sociedad civil -empresas, autónomos y particulares- a los programas y objetivos de las instituciones culturales ha provocado que muchas de ellas vayan ya muy por delante de la futura ley y tengan "los deberes hechos" para cuando ésta se apruebe, combatiendo con un optimismo racional la lógica de los tiempos, como ha demostrado el Teatro de la Maestranza con el novedoso programa de micromecenazgo que ha puesto en marcha.
"No podemos permitirnos el recurso a la melancolía", defendía recientemente Miguel Zugaza, director del Prado, en la clausura del curso de verano Museos y Mecenazgo, hoy que organizaron la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Amigos de dicho museo. "La cultura no es sólo un derecho sino también una responsabilidad. Hay que pedir más apoyo a la sociedad para ir cambiando el rol del mecenas y tratar de generalizar sus prácticas. Los museos como el Prado, por la fuerza de sus fondos, pueden jugar un papel muy importante en ese cambio de mentalidad. Pero, a la vez que reclamamos un mayor esfuerzo cívico, los responsables de museos debemos exigir al Estado que garantice el sentido público de nuestras instituciones y de nuestras colecciones", reflexionaba. Actualmente el Museo del Prado, por cada millón de ayuda pública que recibía, debía ingresar otro millón en patrocinios privados. En los próximos años la pinacoteca deberá triplicar esos ingresos propios: es decir, por cada millón de subvención, deberá generar tres millones.
Esa conciencia de que el futuro de los museos -o el de la lírica, los grandes teatros y las orquestas sinfónicas- va a depender en mayor medida de la colaboración social no debe permitir al sector público eludir sus responsabilidades. "La colaboración privada no puede sustituir al Estado en la protección de la cultura y del patrimonio histórico. El mecenazgo debe ser un complemento pero no un fin", recalcó en el curso convocado por la Complutense la especialista en patrocinio cultural Ainhoa Grandes, directora desde 1999 de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).
Para ella, como para la mayoría de los expertos consultados sobre el tema, hay unanimidad en que es "urgente" regular la financiación privada de las artes previa aprobación de una ley de mecenazgo española que desarrolle e impulse esa cultura filantrópica sobre la que tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos comunitarios. En países como Reino Unido e Italia las empresas y los particulares pueden deducirse el 100% en la declaración de la renta, cuando donen para un fin cultural. Prueba del alcance social de la medida es un estudio reciente del British Council, que reveló que por cada libra que la sociedad británica invertía en cultura recibía cuatro de beneficio, es decir, cuadruplicaba sus efectos.
Por sus peculiaridades y la rapidez con la que le ha dado la vuelta a un modelo que giraba alrededor de la subvención pública y en el que el Estado tenía el monopolio de la cultura, Francia parece ser el ejemplo más atractivo y contundente de las bondades que el mecenazgo aporta a la sociedad. En otro de los foros más relevantes celebrado en los últimos meses en España sobre el tema, el I Encuentro franco-español sobre mecenazgo convocado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Instituto Francés a instancias de la agregada cultural Victoire Bidegain di Rosa, los asistentes pudieron tomar conciencia del enorme partido que las empresas del país vecino le han sacado a la inversión voluntaria en proyectos de interés general (no sólo culturales, también sociales, solidarios, sanitarios, educativos...) en términos fiscales pero también en lo que concierne a su imagen y ética corporativa.
La ley francesa del 1 de agosto de 2003, que dentro de dos semanas cumplirá su primera década, permite a las empresas la deducción del 60% de las donaciones de los impuestos debidos, cifra que asciende al 66% para los particulares y, con variantes, puede alcanzar al 75%. Gracias a esos porcentajes el importe total del mecenazgo empresarial ha pasado de 150 millones de euros en 2003 a cerca de 1,3 billón de euros a día de hoy; el número de empresas mecenas se ha multiplicado por diez. Para los particulares, el importe total pasó de 900 millones de euros en 2003 a 2 billones en 2013, creciendo el número de mecenas de 1 a 5 millones en esta primera década de aplicación de la ley.
El máximo de las donaciones francesas es, sin embargo, del 0,5% del producto de la empresa, lo que significa mucho para las grandes pero no tanto para las pequeñas y medianas, aspecto que se quiere revisar ahora. Con todo, la ley también ha tenido efectos colaterales muy interesantes al crear una cultura filantrópica propicia a la financiación participativa. "El crowdfunding -desde el microcrédito a las donaciones o la participación en presupuestos de producción- se ha convertido en una herramienta habitual en la sociedad francesa, donde proliferan las plataformas digitales que se han especializado en recolectar donaciones, y que benefician sobre todo a los a artistas individuales, las asociaciones y al patrimonio", explicaba en la sede de la UNIA en la isla de la Cartuja Robert Fohr, jefe de la misión de mecenazgo (Mission du Mecenat) del Ministerio de la Cultura y la Comunicación de Francia, cuya sola creación fue un factor clave del éxito del modelo al favorecer desde el corazón de la maquinaria del Estado a los departamentos que impulsan el mecenazgo en las principales instituciones culturales de ese país, promoviendo sus proyectos. Elcrowdfunding, sin embargo, no tiene en Francia deducciones fiscales, algo que se reclama ahora a los responsables legislativos, al igual que una rebaja en el IVA aplicado, según constató también en este Encuentro franco-español Olivier Schulbaum, codirector de la plataforma Goteo.org, que busca "fomentar la inversión corresponsable en proyectos respaldados por la sociedad civil". Pese a ello, las campañas de micromecenazgo arrasan en el país vecino y recientemente su museo más señero, el Louvre, ha logrado mediante la aportación ciudadana incorporar al patrimonio nacional el cuadro Las tres Gracias de Lucas Cranach.
La idea del micromecenazgo también está presente en el borrador de la ley de Lassalle, que más de una vez ha declarado que fue el primero en defender públicamente esta fórmula. El micromecenazgo es asimismo una de las novedades más interesantes de la Ley andaluza de estímulos a la cultura, que el consejero Luciano Alonso quiere aprobar antes de marzo de 2014 y que incluye también entre sus medidas la posibilidad de rentabilizar los espacios culturales mediante el alquiler de museos y bibliotecas públicos. El revés de la norma andaluza es que su impacto en términos presupuestarios será escaso pues el límite de la desgravación se sitúa en 240 euros para quienes ganen menos de 45.000 euros brutos anuales, consuman cultura y lo acrediten -en principio, mediante las correspondientes entradas, tickets o facturas, aspecto éste aún sin concretar-, lo que deja fuera de su alcance a los mecenas de mayor potencial económico además de aquellos que financien actividades sociales y solidarias, ya que la ley andaluza sólo se aplica a los proyectos de interés cultural.
En cualquier caso, parece un instrumento importante a la hora de favorecer un cambio de mentalidad social y el propio secretario de Estado de Cultura ha señalado públicamente su "satisfacción" porque las autonomías avancen en el tramo de sus competencias y aporten ideas al debate. La última en llegar ha sido Navarra, que esta semana ha aprobado el anteproyecto de ley foral de mecenazgo cultural, que establecerá deducciones de hasta el 50 % en el IRPF para personas físicas y de hasta el 30 % en el Impuesto de Sociedades para personas jurídicas.
"La Ley de Mecenazgo y su desarrollo deben ser uno de los escenarios que las fuerzas de este país debemos explotar con ambición y audacia institucional. Si el PP llega al Gobierno, el mecenazgo y la apuesta por el mecenazgo será uno de los elementos vertebradores de su política cultural; y quién aquí protagoniza la mayor ambición en defensa del mecenazgo, es el PP", afirmaba un exultante Lassalle en marzo de 2011 en el Congreso. Más de dos años después, y con un país con un potencial creativo sin parangón pero asfixiado como nunca por esas medidas de crecimiento que parecen tener justo el efecto contrario, al Gobierno le toca, más que nunca, mover ficha y sacar la norma del atolladero fiscal.
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