El texto, que fija criterios básicos para proteger la costa, constata la disponibilidad de suelo para construir más de 90.000 viviendas
EUROPA PRESS | SEVILLA
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha presentado a las administraciones implicadas el documento previo del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que saldrá a información pública a final de julio y que tendrá que estar aprobado en enero de 2015. En cumplimiento del calendario previsto, este martes se ha constituido la comisión de redacción que se encargará de emitir dos informes sobre el documento, uno antes de iniciar el trámite de información pública y otro después de las modificaciones que se incorporen.
Durante la sesión, la comisión, presidida por la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, e integrada por representantes de este departamento, así como de las consejerías de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio; y Cultura y Deporte; la Administración General del Estado; y los ayuntamientos designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se ha analizado el texto, en el que se detalla la situación urbanística de los suelos próximos a la costa y se establecen los criterios para su protección.
Según ha explicado la secretaria general, el objetivo del plan es "establecer los suelos que deben quedar excluidos del proceso de urbanización, a la vez que debe compatibilizar la protección de la franja litoral con el propio desarrollo natural de los núcleos urbanos ubicados en esta zona y con la ordenación de los suelos para el desarrollo de las actividades urbanas, especialmente para el crecimiento turístico".
Por ello, este documento es la "plasmación de todos los planes urbanísticos en la franja del litoral, la parte más laboriosa del plan, ya que ha habido que cotejar caso por caso la situación actual de la costa andaluza". En concreto, ha añadido, se trata de una radiografía de la situación jurídica de estos 500 metros de la franja del litoral, que se plasma en una cartografía sobre la que se han volcado todos los suelos protegidos por la normativa ambiental y territorial y los clasificados por el planeamiento urbanístico como suelos urbanizables.
En este sentido, Vega ha destacado que el documento previo del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía pone de manifiesto el "intenso" proceso de urbanización al que ha estado sometida la franja del litoral, en la que habita un 35,8 por ciento de la población de Andalucía, de forma que en los primeros 500 metros un tercio de la superficie se encuentra transformada por procesos constructivos, lo que supone casi un 500 por ciento de la superficie alterada 50 años antes.
Asimismo, recuerda que la mayoría de los municipios disponen de un modelo urbanístico "desfasado", sin que se haya procedido a su actualización mediante la correspondiente revisión del planeamiento general. Tan solo nueve de los 62 municipios costeros han revisado y adaptado su planeamiento al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y en más de la mitad de los municipios su planeamiento tiene una antigüedad superior a 15 años.
Estos datos, según la representante de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, confirman el "vertiginoso" proceso de urbanización que ha habido en el litoral, "acentuado a partir de la década de los 90 y que ha llevado al agotamiento de los espacios libres o vacantes en primera línea de costa". "Ahora", ha explicado, "es el momento de ofrecer un nuevo modelo que sea capaz de compatibilizar un desarrollo económico sostenible basado en el crecimiento urbanístico y la preservación del medio ambiente".
Para ello, el documento establece los criterios básicos para la protección del suelo, tanto del no urbanizable existente como de aquellos urbanizables, especialmente los no desarrollados, que, bien por sus condiciones naturales o por su posición en el territorio, merecen quedar preservados del proceso de urbanización. De esta manera, se pretende mejorar la calidad de las zonas costeras y establecer las bases para potenciar la competitividad de Andalucía y asegurar el desarrollo sostenible del litoral andaluz a medio y largo plazo.
En el marco de colaboración que sobre este tema está llevando a cabo la Consejería, la comisión ha acordado que en los próximos días se remita este texto a todos los ayuntamientos costeros con la finalidad de que puedan detectar posibles errores y manifiesten las sugerencias que estimen oportunas antes de que el documento salga a exposición pública a final de julio. A partir de esa fecha se levanta la suspensión establecida para la tramitación de nuevos planes de desarrollo (planes parciales y planes de sectorización), que se limitará desde ese momento exclusivamente a los sectores que se señalen expresamente en el documento de información pública.
Durante la reunión, Gloria Vega ha recordado a los asistentes que este nuevo instrumento "no paraliza ni frena" la actividad urbanística en el litoral. De hecho, en los datos facilitados a la comisión se ha expuesto que en los sectores ubicados en todo o en parte de estos primeros 500 metros de la franja litoral existen casi 100 millones de metros clasificados por el planeamiento que darían lugar a la construcción de más de 180.000 viviendas, con densidades medias que oscilan entre las once viviendas por hectárea en Huelva y Granada a las 30 viviendas por hectárea en Almería. Las provincias de Almería y Málaga son las que ofrecen las magnitudes mayores en todos los indicadores.
Asimismo, ha explicado que dentro de esa información general sobre la capacidad de construcción en la costa hay una gran cantidad de suelo urbanizable ordenado en condiciones de ser ejecutado de inmediato --el 42,5 por ciento de todo el suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento--. Se trata de 160 sectores de suelo urbanizable ordenado --con plan parcial aprobado u ordenados directamente por el planeamiento general--, incluidos en todo o en parte en el ámbito de los 500 metros desde el Dominio Público Marítimo Terrestre, con una superficie total de 44 millones de metros cuadrados y una capacidad para construir más de 90.000 viviendas.
Destacan especialmente las provincias de Almería y Málaga, que disponen de suelo ya ordenado, con capacidad para construir más de 40.000 y 30.000 viviendas, respectivamente. Estos suelos no están afectados por la suspensión de la tramitación de planeamiento que se estableció en el Decreto-Ley.
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