Desde su nacimiento en abril de 2012 ha mediado en 500 ocasiones entre bancos y deudores y ha recibido unas 15.000 consultas
VÍCTOR OLIVENCIA GRANADA 
Un 60% de los casos que tramita la Oficina de Intermediación Hipotecaria termina con resultado "satisfactorio" para las personas sujetas a una hipoteca. Más de la mitad de las 500 a las que ha atendido desde su creación, en abril de 2012. El decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, fue el encargado de dar a conocer dicha cifra. De hecho, el colectivo de letrados ha sido el impulsor de un convenio por el que la Diputación Provincial aporta 30.000 euros para sufragar las actividades de la oficina, pacto que fue firmado en la mañana de ayer por tercer año consecutivo.
Como indicó Torres, "todas" las familias pueden beneficiarse del servicio, sin tener en cuenta requisito económico alguno. Únicamente tienen que demostrar que no pueden hacer frente a la hipoteca de su domicilio. "Los únicos que no se atienden son quienes no están riesgo de exclusión social, situaciones como la del ciudadano que tiene su piso pagado, que se compró, por ejemplo, un apartamento en la costa y que ahora no puede mantenerlo", sostuvo.
Para que una solicitud se considere resuelta de forma "positiva" tiene que conducir a una serie de situaciones. Las más comunes son la "renegociación de la deuda" con la entidad bancaria -cambiar las condiciones de la hipoteca, lo que se ha conseguido hasta en un 50% de los casos de éxito-, la dación en pago -lograda en un 25%-, y la consecución de un alquiler social -en un 5%-. "La solución de la dación en pago es a la que más se resisten los bancos porque el problema que tienen es que están ya saturados de inmuebles", agregó Eduardo Torres.
Cuando la Oficina de Intermediación Hipotecaria, no obstante, no logra una solución para los individuos en peligro de desahucio es porque el "cliente" no acepta las condiciones que "impone" la entidad bancaria -en un 12% o 14%-, a que se opta por el trabajo de un abogado particular -un 4%-, a que se dirige el afectado a la justicia gratuita -en un 25 %- o por no haber podido detener la ejecución hipotecaria -un 50% de los casos no de "no éxito"-.
El Colegio de Abogados granadino fue el primero de toda España en instaurar un espacio íntegramente dedicado al auxilio de las familias en peligro de pérdida de su vivienda. Siguiendo su ejemplo, el resto de colegios del país, "prácticamente" los 83 nacionales, tomaron la iniciativa para llegar a acuerdos con sus respectivas administraciones municipales o autonómicas en pro de la creación de plataformas similares. "Tenemos el orgullo y la pena de ser la primera provincia en crear la oficina; no es bonito porque significa que hay una situación de desamparo social para las personas que están en riesgo de quedarse sin su casa".
Desde su nacimiento, han recibido "cerca" de 15.000 llamadas y consultas relacionadas con esta problemática, de las que han cristalizado 500. Para que un abogado pueda dedicarse a trabajos de este tipo debe contar con "más de 5 años" de antigüedad en la profesión. Según dijo el decano del Colegio de Abogados, aunque al principio desconocían si sus labores serían remuneradas, se alistaron para participar en esta iniciativa unos 1.000 letrados, de los 3.800 con los que cuenta la provincia. "Cuando luego cerramos el convenio con la Diputación, ya se sabía que se iba a cobrar un poquito, muy poco", aseguró.
El presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, manifestó que el trabajo de los abogados es "inestimable" e "impagable".
"No podíamos negarnos a la petición del Colegio porque nuestra actuación inicial es estar al servicio de los pueblos: hacer carreteras, hacer equipamientos, ver los ciclos integrales del agua, los planes de recogida de basura... Pero, por encima de todo, en la vida pública están las personas y su bienestar", señaló. Pérez, incluso, puntualizó que no podían mirar para otro lado. "Si tenemos que dejar de construir alguna carretera o un pabellón deportivo en una comarca concreta para que las personas puedan vivir dignamente, lo haremos", declaró.
Como indicó Torres, "todas" las familias pueden beneficiarse del servicio, sin tener en cuenta requisito económico alguno. Únicamente tienen que demostrar que no pueden hacer frente a la hipoteca de su domicilio. "Los únicos que no se atienden son quienes no están riesgo de exclusión social, situaciones como la del ciudadano que tiene su piso pagado, que se compró, por ejemplo, un apartamento en la costa y que ahora no puede mantenerlo", sostuvo.
Para que una solicitud se considere resuelta de forma "positiva" tiene que conducir a una serie de situaciones. Las más comunes son la "renegociación de la deuda" con la entidad bancaria -cambiar las condiciones de la hipoteca, lo que se ha conseguido hasta en un 50% de los casos de éxito-, la dación en pago -lograda en un 25%-, y la consecución de un alquiler social -en un 5%-. "La solución de la dación en pago es a la que más se resisten los bancos porque el problema que tienen es que están ya saturados de inmuebles", agregó Eduardo Torres.
Cuando la Oficina de Intermediación Hipotecaria, no obstante, no logra una solución para los individuos en peligro de desahucio es porque el "cliente" no acepta las condiciones que "impone" la entidad bancaria -en un 12% o 14%-, a que se opta por el trabajo de un abogado particular -un 4%-, a que se dirige el afectado a la justicia gratuita -en un 25 %- o por no haber podido detener la ejecución hipotecaria -un 50% de los casos no de "no éxito"-.
El Colegio de Abogados granadino fue el primero de toda España en instaurar un espacio íntegramente dedicado al auxilio de las familias en peligro de pérdida de su vivienda. Siguiendo su ejemplo, el resto de colegios del país, "prácticamente" los 83 nacionales, tomaron la iniciativa para llegar a acuerdos con sus respectivas administraciones municipales o autonómicas en pro de la creación de plataformas similares. "Tenemos el orgullo y la pena de ser la primera provincia en crear la oficina; no es bonito porque significa que hay una situación de desamparo social para las personas que están en riesgo de quedarse sin su casa".
Desde su nacimiento, han recibido "cerca" de 15.000 llamadas y consultas relacionadas con esta problemática, de las que han cristalizado 500. Para que un abogado pueda dedicarse a trabajos de este tipo debe contar con "más de 5 años" de antigüedad en la profesión. Según dijo el decano del Colegio de Abogados, aunque al principio desconocían si sus labores serían remuneradas, se alistaron para participar en esta iniciativa unos 1.000 letrados, de los 3.800 con los que cuenta la provincia. "Cuando luego cerramos el convenio con la Diputación, ya se sabía que se iba a cobrar un poquito, muy poco", aseguró.
El presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, manifestó que el trabajo de los abogados es "inestimable" e "impagable".
"No podíamos negarnos a la petición del Colegio porque nuestra actuación inicial es estar al servicio de los pueblos: hacer carreteras, hacer equipamientos, ver los ciclos integrales del agua, los planes de recogida de basura... Pero, por encima de todo, en la vida pública están las personas y su bienestar", señaló. Pérez, incluso, puntualizó que no podían mirar para otro lado. "Si tenemos que dejar de construir alguna carretera o un pabellón deportivo en una comarca concreta para que las personas puedan vivir dignamente, lo haremos", declaró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario