La Junta expropia las dos primeras viviendas en Granada por su decreto 'antidesahucios' ideal.es

Ambos inmuebles, situados en Motril y en Charches, serán expropiados temporalmente por la institución autonómica para evitar que sus inquilinas sufran riesgo de exclusión social

- 

AGENCIAS E IDEAL.ES | GRANADA

La Junta expropia las dos primeras viviendas en Granada por su decreto 'antidesahucios'

La Junta de Andalucía va a aplicar su decreto de función social de la vivienda en Granada por primera vez, iniciando las expropiaciones de dos inmuebles en Motril y Charches, aplicando el llamado decreto 'antidesahucios'. Ambas viviendas serán expropiadas temporalmente por la Junta para evitar el desahucio de sus inquilinos, después de que el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publique este jueves el inicio de la acción, una vez comprobado que las residentes cumplen los requisitos y corren riesgo de quedar excluidas de la sociedad, si finalmente son desahuciadas.

Estas dos expropiaciones son las segundas que se efectuarían tras la iniciada a finales de mayo sobre una vivienda de Huelva capital.

Según reza en el BOJA, las dos viviendas se ubican en la calle Azorín de Motril y en la calle Atocha de Charches-Valle del Zalabí. En ambos casos las dos inquilinas, Ana y Margarita, respectivamente, presentaron ante la Delegación de Fomento y Vivienda en Granada la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que le han embargado.

El anuncio somete ahora a información pública los referidos expedientes antes de declarar de interés social la cobertura de necesidad de vivienda y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, para que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias.

El decreto ley de función social de la vivienda convalidado por el Parlamento autonómico por el PSOE e IU persigue la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas", según explicó la consejera del ramo, Elena Cortés (IU). Afecta a entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, como sucede en este caso.