El presidente de este colectivo asegura que harían falta 4.000 funcionarios más para reducir la economía sumergida a la mitad y, si se consiguiera, los ciudadanos pagarían menos impuestos
ÁNGEL RECIO 
En plena crisis, la lucha contra el fraude debería ser una prioridad. Y más aún cuando en el horizonte se empiezan a ver los primeros signos de la recuperación económica. El presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Julio Ransés Pérez, analiza en esta entrevista cómo puede 'armarse' la administración para poner fin a una economía sumergida en auge.
-¿Cuántos inspectores de Hacienda hay en España?
-Somos unos 1.800 y en la Agencia Tributaria están 1.600, porque los 200 restantes están en ministerios o embajadas. Uno incluso fue presidente del Gobierno, como fue el caso de José María Aznar.
-¿Son suficientes para combatir el fraude?
-Se estima que la economía sumergida en España está en torno al 20% del PIB y es bastante preocupante porque estamos entre seis y siete puntos por encima de Alemania, Francia o Gran Bretaña. En la Agencia Tributaria tenemos una de las mejores ratios de cobro de toda Europa porque tenemos poco personal. Somos pocos pero eficientes, pero si tuviéramos más trabajadores podríamos reprimir más el fraude. En cualquier caso, creo que ahora tenemos un porcentaje de control del grado de fraude bastante razonable.
-Si no hubiera economía sumergida no habría crisis. ¿Cuántos inspectores y técnicos más harían falta para acabar con ella?
-Es muy difícil cuantificarlo. Pensamos que con 4.000 funcionarios más, entre inspectores y subinspectores, con el desarrollo informático de la Agencia Tributaria y con mejoras organizativas y de procedimiento apropiadas, tendríamos una Administración suficientemente dimensionada contra el fraude.
-¿Se acabaría totalmente con el fraude con 4.000 funcionarios más?
-No. Siempre va a haber picaresca. Si yo, por ejemplo, soy un taxista, cobro 20 euros por una carrera y me los meto en el bolsillo es imposible que se detecte. Siempre habrá pequeños fraudes, pero podríamos rebajar la economía sumergida al 10%, es decir, que de cada diez euros se escape uno. No se recortaría a corto plazo sino a medio plazo, pero eso sería más aceptable.
-¿Qué medidas habría que adoptar?
-Una medida se basa en la educación. Es muy importante concienciar a la sociedad, como se hizo hace unos años lanzando mensajes positivos sobre para qué sirven los impuestos o que contribuir es invertir en España. Eso hay que iniciarlo en las escuelas y la Agencia Tributaria tiene un programa para ello que con la crisis y los recortes está bajo mínimos. Eso es a largo plazo, pero a corto el Gobierno aprobó el año pasado una Ley Antifraude que supuso un conjunto de medidas muy positivas que nos van a ayudar a ser más eficientes.
-¿Qué habría que hacer de manera urgente y no se hace?
-Hay muchas cosas. Una que nos está haciendo mucho daño a la recaudación tributaria es la actitud de las multinacionales, que están haciendo operaciones de compleja ingeniería financiera para no declarar en España. Montan empresas pantalla e interpuestas, triangulan operaciones y alteran los precios que se realizan entre ellas para disminuir los beneficios. Un ejemplo son las tiendas online. Haces la compra en España y recoges, por ejemplo, un jersey en la tienda de abajo pero el servidor está en Irlanda y tributa allí. Con el juego online pasa igual. Prácticamente todas las que operan en España están domiciliadas en Gibraltar. Las normas de tributación lo permiten, por lo que pedimos normas coherentes con el país donde se genera el beneficio. Pero eso nos pasa a todos los países. Por otra parte, tenemos un impuesto de sociedades del 30%, de los más altos de Europa, y eso quiere decir que las sociedades en España pagan más que en ningún sitio, por lo que intentan deslocalizar sus beneficios. Pero los gastos también deducen al 30%, de forma que las multinacionales se traen gastos para España y los ingresos los hacen en el extranjero. En el impuesto sobre la renta la tributación por módulos es injusta, porque se declara lo mismo independientemente de lo que se gane. Otro tema importante es que todos los grandes ricos de España tienen su Sicav y tributan al 1% de lo que tienen. Son sociedades que se constituyen para que un grupo de ahorradores ponga en común el dinero y lo inviertan. Se pide un mínimo de 100 socios, pero los ricos crean una, ponen a sus familiares y tienen el 99,999% de la sociedad. Luego cogen a otras 90 personas, a las que llamamos mariachis en el argot, que firman y se reparten el 0,00001% restante de la Sicav, el equivalente a 1.000 euros. Eso es un fraude. Los grandes millonarios están metiendo en esas Sicav activos como coches, yates, propiedades inmobiliarias o acciones. Eso no produce nada pero se deducen gastos. Hace poco un profesional muy conocido tenía hasta las nóminas de su personal de servicio en la Sicav.
-¿Y no pueden hacer nada?
-Aunque parezca mentira, un inspector de Hacienda no le puede quitar el régimen a una Sicav aunque sea fraudulenta porque la ley dice que eso lo hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pusimos el grito en el cielo.
-¿Hay más fraude en provincias como Granada por el sector servicios o la construcción?
-Tradicionalmente el sector que más ha defraudado ha sido el de la construcción porque se generaron plusvalías enormes y no se quería pagar tantos impuestos. España llegó a tener casi el 50% de los billetes de 500 euros de toda Europa.
-El inspector de Hacienda siempre parecía el malo de la película y el defraudador el gracioso. ¿Ha cambiado ya esa imagen con la crisis?
-El contribuyente español ya se ha dado cuenta de que lo que el defraudador no paga lo pagamos los demás que sí tributamos. Eso no es justo, máxime ahora cuando se están quitando becas u otros derechos sociales. El contribuyente está ahora muy enfadado y hay un rechazo social, porque se atenta contra el Estado de Derecho. Las encuestas dicen que la permisividad hacia el fraude es cada vez menor. Eso está haciendo que se le empiece a reconocer la labor a los inspectores de Hacienda y funcionarios de la Agencia Tributaria.
-Si no hubiera economía sumergida o se quedara en ese 'asumible' 10%, ¿cómo repercutiría en el bolsillo de los ciudadanos?
-Lo haría muchísimo. Se pagarían menos impuestos sin duda. El tipo marginal del impuesto sobre la renta ha subido del 48 al 56% en unos años. En el IVA se paga ahora un 3% más. Si fumas, si bebes alcohol, si echas gasolina, igual. Esas subidas son tributarias y no tendrían por qué haber acontecido jamás. Se está hablando de bajar los impuestos para aumentar el consumo y los ingresos, como ocurrió en la época de Aznar. Estoy completamente convencido de que teniendo en cuenta el tipo tan alto de impuestos que tenemos de renta, IVA o sociedades ya no hay margen para subida. La UE le pidió a España en julio que bajara los impuestos directos porque va en contra del crecimiento y la recuperación.
-¿Cuántos inspectores de Hacienda hay en España?
-Somos unos 1.800 y en la Agencia Tributaria están 1.600, porque los 200 restantes están en ministerios o embajadas. Uno incluso fue presidente del Gobierno, como fue el caso de José María Aznar.
-¿Son suficientes para combatir el fraude?
-Se estima que la economía sumergida en España está en torno al 20% del PIB y es bastante preocupante porque estamos entre seis y siete puntos por encima de Alemania, Francia o Gran Bretaña. En la Agencia Tributaria tenemos una de las mejores ratios de cobro de toda Europa porque tenemos poco personal. Somos pocos pero eficientes, pero si tuviéramos más trabajadores podríamos reprimir más el fraude. En cualquier caso, creo que ahora tenemos un porcentaje de control del grado de fraude bastante razonable.
-Si no hubiera economía sumergida no habría crisis. ¿Cuántos inspectores y técnicos más harían falta para acabar con ella?
-Es muy difícil cuantificarlo. Pensamos que con 4.000 funcionarios más, entre inspectores y subinspectores, con el desarrollo informático de la Agencia Tributaria y con mejoras organizativas y de procedimiento apropiadas, tendríamos una Administración suficientemente dimensionada contra el fraude.
-¿Se acabaría totalmente con el fraude con 4.000 funcionarios más?
-No. Siempre va a haber picaresca. Si yo, por ejemplo, soy un taxista, cobro 20 euros por una carrera y me los meto en el bolsillo es imposible que se detecte. Siempre habrá pequeños fraudes, pero podríamos rebajar la economía sumergida al 10%, es decir, que de cada diez euros se escape uno. No se recortaría a corto plazo sino a medio plazo, pero eso sería más aceptable.
-¿Qué medidas habría que adoptar?
-Una medida se basa en la educación. Es muy importante concienciar a la sociedad, como se hizo hace unos años lanzando mensajes positivos sobre para qué sirven los impuestos o que contribuir es invertir en España. Eso hay que iniciarlo en las escuelas y la Agencia Tributaria tiene un programa para ello que con la crisis y los recortes está bajo mínimos. Eso es a largo plazo, pero a corto el Gobierno aprobó el año pasado una Ley Antifraude que supuso un conjunto de medidas muy positivas que nos van a ayudar a ser más eficientes.
-¿Qué habría que hacer de manera urgente y no se hace?
-Hay muchas cosas. Una que nos está haciendo mucho daño a la recaudación tributaria es la actitud de las multinacionales, que están haciendo operaciones de compleja ingeniería financiera para no declarar en España. Montan empresas pantalla e interpuestas, triangulan operaciones y alteran los precios que se realizan entre ellas para disminuir los beneficios. Un ejemplo son las tiendas online. Haces la compra en España y recoges, por ejemplo, un jersey en la tienda de abajo pero el servidor está en Irlanda y tributa allí. Con el juego online pasa igual. Prácticamente todas las que operan en España están domiciliadas en Gibraltar. Las normas de tributación lo permiten, por lo que pedimos normas coherentes con el país donde se genera el beneficio. Pero eso nos pasa a todos los países. Por otra parte, tenemos un impuesto de sociedades del 30%, de los más altos de Europa, y eso quiere decir que las sociedades en España pagan más que en ningún sitio, por lo que intentan deslocalizar sus beneficios. Pero los gastos también deducen al 30%, de forma que las multinacionales se traen gastos para España y los ingresos los hacen en el extranjero. En el impuesto sobre la renta la tributación por módulos es injusta, porque se declara lo mismo independientemente de lo que se gane. Otro tema importante es que todos los grandes ricos de España tienen su Sicav y tributan al 1% de lo que tienen. Son sociedades que se constituyen para que un grupo de ahorradores ponga en común el dinero y lo inviertan. Se pide un mínimo de 100 socios, pero los ricos crean una, ponen a sus familiares y tienen el 99,999% de la sociedad. Luego cogen a otras 90 personas, a las que llamamos mariachis en el argot, que firman y se reparten el 0,00001% restante de la Sicav, el equivalente a 1.000 euros. Eso es un fraude. Los grandes millonarios están metiendo en esas Sicav activos como coches, yates, propiedades inmobiliarias o acciones. Eso no produce nada pero se deducen gastos. Hace poco un profesional muy conocido tenía hasta las nóminas de su personal de servicio en la Sicav.
-¿Y no pueden hacer nada?
-Aunque parezca mentira, un inspector de Hacienda no le puede quitar el régimen a una Sicav aunque sea fraudulenta porque la ley dice que eso lo hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pusimos el grito en el cielo.
-¿Hay más fraude en provincias como Granada por el sector servicios o la construcción?
-Tradicionalmente el sector que más ha defraudado ha sido el de la construcción porque se generaron plusvalías enormes y no se quería pagar tantos impuestos. España llegó a tener casi el 50% de los billetes de 500 euros de toda Europa.
-El inspector de Hacienda siempre parecía el malo de la película y el defraudador el gracioso. ¿Ha cambiado ya esa imagen con la crisis?
-El contribuyente español ya se ha dado cuenta de que lo que el defraudador no paga lo pagamos los demás que sí tributamos. Eso no es justo, máxime ahora cuando se están quitando becas u otros derechos sociales. El contribuyente está ahora muy enfadado y hay un rechazo social, porque se atenta contra el Estado de Derecho. Las encuestas dicen que la permisividad hacia el fraude es cada vez menor. Eso está haciendo que se le empiece a reconocer la labor a los inspectores de Hacienda y funcionarios de la Agencia Tributaria.
-Si no hubiera economía sumergida o se quedara en ese 'asumible' 10%, ¿cómo repercutiría en el bolsillo de los ciudadanos?
-Lo haría muchísimo. Se pagarían menos impuestos sin duda. El tipo marginal del impuesto sobre la renta ha subido del 48 al 56% en unos años. En el IVA se paga ahora un 3% más. Si fumas, si bebes alcohol, si echas gasolina, igual. Esas subidas son tributarias y no tendrían por qué haber acontecido jamás. Se está hablando de bajar los impuestos para aumentar el consumo y los ingresos, como ocurrió en la época de Aznar. Estoy completamente convencido de que teniendo en cuenta el tipo tan alto de impuestos que tenemos de renta, IVA o sociedades ya no hay margen para subida. La UE le pidió a España en julio que bajara los impuestos directos porque va en contra del crecimiento y la recuperación.
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