La consejera de Fomento. Elena Cortés, solicita al Gobierno central que aplique la dación en pago con efectos retroactivos
ARANTXA ASENSIO GRANADA
Un total de 456 familias granadinas han solicitado a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ayuda para detener el procedimiento de desahucio por impago de hipoteca a los bancos. De ellas, 99, según informó ayer la consejera del ramo, Elena Cortés, han pedido esta ayuda de forma preventiva, esto es, antes de que el banco con el que mantienen la deuda iniciara el procedimiento.
La consejera de Fomento indicó además que la intención de su departamento es solicitar al Gobierno que preside Mariano Rajoy que regule la dación en pago "con efecto retroactivo", ya que, según la responsable de la Consjería -que ayer firmó en Granada un acuerdo con la Universidad- las familias que consiguen la dación en pago de sus viviendas mantienen una deuda "perpétua" con el banco.
Cortes ofreció datos del primer año de funcionamiento de la Oficina Andaluza en Defensa del Derecho a la Vivienda. En toda Andalucía, se han paralizado 3.200 desahucios.
Por otro lado, la consejera advirtió al Gobierno central de que si denegara la comisión bilateral con la que se pretenden dirimir posibles discrepancias sobre la ley andaluza de función social de la vivienda "estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía", pues se está negando un cauce "institucional y democrático de diálogo", informaEuropa Press.
Cortés dijo que, "lamentablemente" su departamento no tiene ninguna información del Gobierno respecto a su petición de que se mantenga la citada comisión bilateral.
En este sentido, subrayó que se trata de un órgano reconocido por el Estatuto de Autonomía y la Ley del Tribunal Constitucional para que las administraciones, especialmente la central y las autonómicas, diriman posibles cuestiones de competencias que se puedan establecer en el marco del trabajo legislativo de las comunidades.
Recordó así que su departamento ha exigido el mantenimiento de esta comisión bilateral para poder abordar las discrepancias que el Gobierno pueda tener con la ley de función social de la vivienda y que se "apure el diálogo" antes de ir "a los tribunales", toda vez que se trata del "derecho humano a la vivienda y al cumplimiento de la Constitución", añadió.
En este contexto, advirtió de que si el Estado denegara esa comisión bilateral "podríamos plantear que el Gobierno central, que el PP, estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía, pues es negarle un cauce institucional, democrático, de diálogo" que "permite dirimir las distintas cuestiones de competencias", clamó la consejera.
La consejera de Fomento indicó además que la intención de su departamento es solicitar al Gobierno que preside Mariano Rajoy que regule la dación en pago "con efecto retroactivo", ya que, según la responsable de la Consjería -que ayer firmó en Granada un acuerdo con la Universidad- las familias que consiguen la dación en pago de sus viviendas mantienen una deuda "perpétua" con el banco.
Cortes ofreció datos del primer año de funcionamiento de la Oficina Andaluza en Defensa del Derecho a la Vivienda. En toda Andalucía, se han paralizado 3.200 desahucios.
Por otro lado, la consejera advirtió al Gobierno central de que si denegara la comisión bilateral con la que se pretenden dirimir posibles discrepancias sobre la ley andaluza de función social de la vivienda "estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía", pues se está negando un cauce "institucional y democrático de diálogo", informaEuropa Press.
Cortés dijo que, "lamentablemente" su departamento no tiene ninguna información del Gobierno respecto a su petición de que se mantenga la citada comisión bilateral.
En este sentido, subrayó que se trata de un órgano reconocido por el Estatuto de Autonomía y la Ley del Tribunal Constitucional para que las administraciones, especialmente la central y las autonómicas, diriman posibles cuestiones de competencias que se puedan establecer en el marco del trabajo legislativo de las comunidades.
Recordó así que su departamento ha exigido el mantenimiento de esta comisión bilateral para poder abordar las discrepancias que el Gobierno pueda tener con la ley de función social de la vivienda y que se "apure el diálogo" antes de ir "a los tribunales", toda vez que se trata del "derecho humano a la vivienda y al cumplimiento de la Constitución", añadió.
En este contexto, advirtió de que si el Estado denegara esa comisión bilateral "podríamos plantear que el Gobierno central, que el PP, estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía, pues es negarle un cauce institucional, democrático, de diálogo" que "permite dirimir las distintas cuestiones de competencias", clamó la consejera.
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