domingo, 20 de octubre de 2013

Remedios para no vivir del aire granadahoy,com

La Junta prepara una batería de incentivos fiscales a empresas culturales y público. La figura del mecenas y los modelos mixtos de colaboración, posibles soluciones.
FEDE DURÁN 
Cultura: 1. Dícese del último mono a ojos del dirigente y el consumidor. 2. Industria habituada a la subvención que ahora lucha por reinventarse sin el colchón de lo público. 3. Oasis mohicano de audacia, sudor y escasa rentabilidad. 4. (adj.) Aquello que se obtiene gratuitamente. 

Andalucía no es una excepción a los tiempos corrosivos que vive el sector. A la caída del consumo se sumó hace poco más de un año la subida del IVA decretada por el Gobierno central. Con el salto del 8% al 21%, España se convertía en el único Estado de la Eurozona sin un tipo reducido para la frágil isla cultural. Holanda y Bélgica aplican el 6%, Francia y Alemania el 7%, Grecia e Irlanda el 9% y Portugal el 13%. "Por una entrada a un concierto que vale 20 euros, el consumidor ha pasado de pagar 1,6 euros en concepto de IVA a 4,2", explica el consejero del ramo, Luciano Alonso. 

El impacto de esta novedad fiscal está tasado. Casi el 77% de las organizaciones y empresas culturales ha visto disminuir su presupuesto o facturación en 2012, según el informe de diciembre pasado del Observatorio de la Cultura. El empleo ha caído alrededor del 10% desde el arranque de la crisis. Las Administraciones Públicas han recortado los fondos un 30%. La Federación Estatal de Asociaciones de Teatro y Danza divulgó un estudio donde atribuye al alza del impuesto un batacazo de la recaudación neta cercano al 33%. 

La cultura emplea en España a 488.700 personas; cuenta con 103.320 compañías -el 3,2% del tejido empresarial- y supone aproximadamente el 3% del PIB, según datos del Ministerio de Cultura y Deporte. Las familias dedicaron a este apartado de sus vidas 14.364 millones en 2011, lejos de los más de 16.000 registrados en el trienio 2007-2009. No son migajas. Tampoco en Andalucía, donde el patrimonio histórico-artístico y los equipamientos influyen directamente en la fundamental mina económica del turismo: más de la cuarta parte de los visitantes eligen la comunidad por su cultura. Y el 40% visita museos y monumentos durante su estancia. 

Alonso admite que el modelo previo a la crisis es insostenible. "Además, la sociedad comienza a demandar la liberación parcial de la tutela pública de la cultura, sin que esto suponga su entrega al mercado". "Hay que diseñar un marco jurídico que favorezca la acción conjunta de lo público y lo privado, que anime a la participación de las instituciones, colectivos, empresas y ciudadanos en la cultura. Vamos a presentar una alternativa que mejora la ley actual", promete el consejero. 

Esa ley vigente, de 2002, fija el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos al mecenazgo. El problema es que, de hecho, sólo ha beneficiado a las grandes empresas y fortunas porque: 1. Para tener una ventaja fiscal es necesario asumir una inversión muy elevada. 2. El mecenazgo se ha articulado habitualmente a través de fundaciones, complicando la gestión y torpedeando el acceso de las entidades más modestas a este sistema. 

La Junta prepara su propia norma, en fase de anteproyecto, para pasar "de la cultura de la subvención a la del compromiso social". Signifique lo que signifique, el departamento que dirige Alonso pretende asumir propuestas innovadoras y con impacto en el bolsillo del contribuyente. La idea de la Consejería es que los andaluces puedan deducirse, en el tramo autonómico del IRPF, el 15% del dinero gastado en libros, música, obras de arte, etcétera, con un tope de 240 euros. Otro frente de estímulo quedará ligado a la asistencia a espectáculos, conciertos, cines o exposiciones, donde se estudian incentivos para los pagadores con rentas declaradas de hasta 45.000 euros anuales (o 55.000 en el caso de las declaraciones conjuntas). "Así beneficiamos a más del 80% de los contribuyentes andaluces y a sus familias", destaca Alonso. 

El otro objetivo es mimar al actor principal, a la industria y sus creadores. La Junta quiere incentivos al micromecenazgo y las donaciones (15% de deducción hasta 240 euros) y reducir las cargas asociadas a la constitución y transmisión de empresas culturales. Verbigracia: costará menos heredar una librería tras morir el propietario. Será más fácil donar a un pariente para facilitarle la creación o conservación de una productora. 

También se recortarán los tipos impositivos en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Si compras un equipo de sonido para incorporarlo al teatro que regentas, pagarás el 3,5%. Y los actos que documentan esa operación apenas te gravarán el 0,3%. 

La futura norma autonómica contempla asimismo crear una tasa por el uso especial de espacios de titularidad pública, crear el Consejo Andaluz de la Cultura, activar un Registro de Colaboración Cultural y conceder premios a la colaboración privada en la cultura. Probablemente se trate del pasaje más cuestionable del anteproyecto. 

Siempre es interesante contrastar la perspectiva institucional con la del sector. Aparte de escritora, Elena Medel es gestora cultural y editora (La Bella Varsovia). Sabe el terreno que pisa. "En junio asistí a una reunión con otros editores andaluces y representantes de la Junta, destinada a una posible internacionalización de empresas del mundo editorial, en vista de la situación actual aquí y del amplio mercado en lengua castellana en el otro continente. Me marché muy triste: en lugar de valorar los recursos que se nos ofrecían en tiempos de crisis, de proponer en base al trabajo previo o incluso de crear redes, aquello se convirtió en una rueda de lágrimas porque se habían terminado las subvenciones (esto provenía no de las editoriales independientes, más pequeñas y centradas en la literatura, sino por parte de las más oficiales y establecidas). No se exigía que se alimentaran las bibliotecas, que se organizaran actividades de fomento de la lectura en las mismas bibliotecas o en centros de enseñanza, sino que se continuara alimentando al monstruo, pagando ediciones o sufragando viajes a ferias del libro; no importaba crear lectores, sino retrasar la caída a base de ayudas", rememora. 

"Durante los años de bonanza económica no se creó en el público una conciencia de que la actividad cultural no era gratuita, sino que se pagaba con los impuestos de todos; no se creó, por tanto, la costumbre (o la conciencia) de saber que se estaba pagando pese a no rascarse el bolsillo para conseguir una entrada, por ejemplo. Es por eso que ahora, cuando las ayudas públicas se han terminado, cuando el presupuesto para contratación desciende o desaparece, buscamos nuevas vías pero nos encontramos no sólo con un público reticente, sino con un público sin dinero. Nos reinventamos, pero... ¿para quiénes?", continúa. 

"Me parece que el papel que debe asumir aquí la Administración es doble: por una parte, ayudar a ese público interesado en la cultura, volcándose en esa creación y cuidado de públicos, insistiendo en la educación, en las actividades de proximidad y cercanía; y, por otra, impulsando la actividad privada o al menos permitiéndola. Simplificando la burocracia, cediendo recursos... Existen multitud de edificios pagados con dinero público que están infrautilizados o directamente vacíos. ¿Por qué no permitir que los gestionen colectivos artísticos, abrirlos a empresas con alquileres baratos, etcétera?", culmina. 

Guillermo Weickert dirige su propia compañía de danza, interpreta y enseña. Tampoco es una mala fuente. "El sistema es poco transparente y democrático. 'Son los propios funcionarios o técnicos quienes deciden con quién cierran un convenio. Se ha querido ayudar a la profesión sin contar con la profesión", sostiene. "Muchas veces los ayuntamientos no programan en función de la calidad sino del coste. Y con la danza es la pescadilla que se muerde la cola: no se programa porque no hay público y no hay público porque no se programa. En Bruselas, un artista necesita tres contratos al año para tener un sueldo de 1.200 euros al mes. La diferencia es brutal". 

La tercera voz es Virginia Moriche, copropietaria de Surnames, empresa de comunicación, estrategia y gestión cultural. "Lo acertado es combinar lo público y lo privado. Una vez calculamos el precio de la entrada a un espectáculo y sin apoyo de las Administraciones se multiplicaba por tres. La ley de mecenazgo es muy necesaria, pero si es regional no es suficiente. Hace falta un instrumento a escala estatal", opina. "Andalucía -ahonda- consume menos cultura porque existe un concepto de actividad gratuita. La educación es fundamental para que la cultura tenga futuro: hay que crear público desde una edad temprana". Moriche escoge algunos casos de supervivientes en el erial, de guerreros ante la adversidad. En Sevilla cita a La Mercería (café cultural), La Extravagante y Un Gato en Bicicleta (librerías) o Delimbo (galería), "pequeños proyectos que están haciendo muchas cosas". "El mecenazgo -insiste- será importante, pero llegar al patrocinador no es tan fácil. Hay que lograr su interés, su sensibilidad. Hay que poner en valor el producto cultural". 

Una duda final: ¿ha absorbido el folclore andaluz recursos que podrían haberse repartido más equitativamente? "A los creadores de otras disciplinas no se les ha apoyado igual, pero no porque así lo haya pensado la Administración sino porque se trata de una realidad muy rica y potente", reflexiona Weickert. "El flamenco arrastra mucho turismo, pero hay gente con conceptos equivocados. También ahí existen proyectos que nada tienen que ver con lo habitual", añade Moriche.

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