LOLA QUERO GRANADA
El despliegue de medios materiales y humanos que la televisión municipal de Granada organiza para llevar a las pantallas eventos como la procesión de la Virgen de las Angustias, la misa de cada domingo o un concierto de la OCG no es rentable desde el un punto de vista estrictamente económico. El propio Gobierno municipal reconoce que cuesta dinero a la ciudad, así que su conveniencia es una cuestión de criterio: ¿servicio público o derroche? El debate está abierto.
El anuncio del cierre de Canal 9 en la Comunidad Valenciana ha espoleado la polémica sobre la pervivencia de las televisiones públicas, que en su mayoría son deficitarias. Es el PP el partido que más ha puesto en la picota este negocio público televisivo, mientras que los grupos de izquierdas insisten en reivindicar su valor como servicio público. Pero lo curioso de Granada es que estas posiciones están algo alteradas.
Los dos principales ayuntamientos de la provincia, el de Granada y Motril (ambos gobernados por el PP), son los que mantienen sus televisiones públicas pese a las penurias económicas en tiempos de crisis. Y las críticas vienen precisamente de la oposición de izquierdas, que sin pedir directamente su cierre, sí cuestionan mucho su existencia.
Telemotril es una televisión con mucha historia y tradición, no solo en esa ciudad, sino en gran parte de la Costa granadina. Las complicaciones económicas han obligado a hacer ajustes pero por ahora se mantiene. El caso de Granada, con TG7, es más paradigmático, pues se puso en marcha justo al comienzo de la crisis, en el momento en el que las emisoras privadas pasaban sus peores apuros y comenzaban a cerrar.
El Gobierno municipal de Torres Hurtado ha defendido desde el principio que TG7 ofrece un servicio público necesario para la ciudad. De hecho, el concejal responsable de la televisión, Juan Antonio Fuentes, confesó a este periódico su completo alineamiento con el apoyo a las televisiones públicas mostrado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), hace unos días durante su visita a Granada.
En todo caso Fuentes defiende la situación "especial" de TG7 porque se "adelantó a lo que ahora viven otras televisiones de España". El edil se refiere a lo que el Gobierno local ha llamado el "saneamiento" de la tele municipal. La Sociedad Municipal de Comunicación Audiovisual (EMCASA) que gestionaba esta emisora desde sus inicios era deficitaria y se mantenía mayoritariamente gracias a las transferencias del Ayuntamiento. Su último presupuesto (2012), de 1,4 millones de euros, preveía un suministro de fondos municipales casi igual al de ingresos publicitarios (400.000 euros), pero además había otra partida de convenios de colaboración de otros 423.000 euros, que en su mayoría eran aportaciones de la Diputación Provincial y otras empresas municipales. Más dinero público.
El Ayuntamiento liquidó esta sociedad el año pasado y convirtió TG7 en un servicio municipal directo, que depende del presupuesto del Consistorio. Además, se ha recortado su crédito a 750.000 euros anuales. El Gobierno local sostiene que esa cantidad se ajusta más a las previsiones de ingresos por publicidad y convenios. La oposición no se cree ese "saneamiento" porque estos ediles están convencidos de que el presupuesto se va a disparar a lo largo del año y tampoco se van a cumplir las previsiones de ingresos.
"Es imposible que con ese modelo sectario y partidista de TG7 se consiga un apoyo suficiente del sector privado", declaró el portavoz del PSOE, Francisco Cuenca. Además de las dificultades económicas, lo que más se cuestiona, como en todas las teles públicas, es la falta de pluralidad y la gestión de los contenidos. El Gobierno ve en TG7 un valioso servicio público y la oposición de izquierdas, un instrumento propagandístico del PP.
El anuncio del cierre de Canal 9 en la Comunidad Valenciana ha espoleado la polémica sobre la pervivencia de las televisiones públicas, que en su mayoría son deficitarias. Es el PP el partido que más ha puesto en la picota este negocio público televisivo, mientras que los grupos de izquierdas insisten en reivindicar su valor como servicio público. Pero lo curioso de Granada es que estas posiciones están algo alteradas.
Los dos principales ayuntamientos de la provincia, el de Granada y Motril (ambos gobernados por el PP), son los que mantienen sus televisiones públicas pese a las penurias económicas en tiempos de crisis. Y las críticas vienen precisamente de la oposición de izquierdas, que sin pedir directamente su cierre, sí cuestionan mucho su existencia.
Telemotril es una televisión con mucha historia y tradición, no solo en esa ciudad, sino en gran parte de la Costa granadina. Las complicaciones económicas han obligado a hacer ajustes pero por ahora se mantiene. El caso de Granada, con TG7, es más paradigmático, pues se puso en marcha justo al comienzo de la crisis, en el momento en el que las emisoras privadas pasaban sus peores apuros y comenzaban a cerrar.
El Gobierno municipal de Torres Hurtado ha defendido desde el principio que TG7 ofrece un servicio público necesario para la ciudad. De hecho, el concejal responsable de la televisión, Juan Antonio Fuentes, confesó a este periódico su completo alineamiento con el apoyo a las televisiones públicas mostrado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), hace unos días durante su visita a Granada.
En todo caso Fuentes defiende la situación "especial" de TG7 porque se "adelantó a lo que ahora viven otras televisiones de España". El edil se refiere a lo que el Gobierno local ha llamado el "saneamiento" de la tele municipal. La Sociedad Municipal de Comunicación Audiovisual (EMCASA) que gestionaba esta emisora desde sus inicios era deficitaria y se mantenía mayoritariamente gracias a las transferencias del Ayuntamiento. Su último presupuesto (2012), de 1,4 millones de euros, preveía un suministro de fondos municipales casi igual al de ingresos publicitarios (400.000 euros), pero además había otra partida de convenios de colaboración de otros 423.000 euros, que en su mayoría eran aportaciones de la Diputación Provincial y otras empresas municipales. Más dinero público.
El Ayuntamiento liquidó esta sociedad el año pasado y convirtió TG7 en un servicio municipal directo, que depende del presupuesto del Consistorio. Además, se ha recortado su crédito a 750.000 euros anuales. El Gobierno local sostiene que esa cantidad se ajusta más a las previsiones de ingresos por publicidad y convenios. La oposición no se cree ese "saneamiento" porque estos ediles están convencidos de que el presupuesto se va a disparar a lo largo del año y tampoco se van a cumplir las previsiones de ingresos.
"Es imposible que con ese modelo sectario y partidista de TG7 se consiga un apoyo suficiente del sector privado", declaró el portavoz del PSOE, Francisco Cuenca. Además de las dificultades económicas, lo que más se cuestiona, como en todas las teles públicas, es la falta de pluralidad y la gestión de los contenidos. El Gobierno ve en TG7 un valioso servicio público y la oposición de izquierdas, un instrumento propagandístico del PP.
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