El anuncio hecho por el flamante Viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, según quien el Gobierno habría decidido conformar un equipo interministerial “para elaborar una ley sobre el permiso absoluto para el consumo de alimentos transgénicos en Bolivia”, ha vuelto a dar actualidad a un tema que desde hace muchos años está siendo eludido en la agenda pública nacional. Se diría que hasta ahora ha sido una especie de tabú, por lo que la decisión gubernamental de afrontar el desafío y poner el asunto en la mesa del debate merece ser aprobada.
La necesidad de hacerlo es urgente por múltiples motivos. Uno de ellos es el que atañe a la población en general, pues es la que a la larga será, directa o indirectamente, la que más se beneficie o perjudique con los efectos positivos o negativos del consumo de alimentos transgénicos.
Es tanta la importancia que tiene el tema desde el punto de vista de la salud pública, que el tema ya está plenamente instalado en un lugar privilegiado en la agenda pública en todo el mundo. Por eso, desde hace ya varios años, está en pleno desarrollo un proceso de continua reflexión colectiva que se nutre de las opiniones y recomendaciones de científicos especializados en las diferentes disciplinas involucradas.
En el caso de Bolivia, a esa dimensión, la que aborda el asunto desde el punto de vista de la salud pública, se suma la estrictamente económica. Eso se refleja en la decisión del Gobierno nacional de hacer de la producción de alimentos para la exportación a escala agroindustrial uno de los principales pilares de su plan de desarrollo económico. No menos importante, y como factor vinculante de ambos aspectos, está la dimensión ecológica de los cultivos transgénicos pues sus efectos no sólo sobre la salud humana sino sobre la naturaleza en general constituyen un tercer ángulo de la polémica.
En el caso de Bolivia, a los muchos de los elementos de juicio que son los mismos que se discuten en otras latitudes habrá que agregar, y dar especial énfasis a la dimensión política e ideológica del tema. Es que en Bolivia, a diferencia de los demás países, la radical resistencia contra los cultivos fue hasta algún tiempo uno de los principales elementos simbólicos de la causa anticapitalista enarbolada por el Gobierno del MAS, lo que le dio a la polémica una carga ideológica y política muy especial. Recuérdese al respecto la radicalidad con que hasta hace no mucho el Gobierno boliviano se disputaba el lugar de vanguardia en la lucha mundial contra los transgénicos, lo que le dio al liderazgo de Evo Morales una dimensión internacional como abanderado de los movimientos ambientalistas.
En ese contexto y dados los antecedentes del tema, sólo cabe esperar que la anunciada búsqueda de consensos no se quede en las buenas intenciones sino que se plasme en un debate franco y abierto. Para ello, habrá que crear las condiciones para que todas las instituciones de la sociedad que de una manera u otra están involucradas tengan la oportunidad de hacer oír su voz y difundir sus argumentos.
La necesidad de hacerlo es urgente por múltiples motivos. Uno de ellos es el que atañe a la población en general, pues es la que a la larga será, directa o indirectamente, la que más se beneficie o perjudique con los efectos positivos o negativos del consumo de alimentos transgénicos.
Es tanta la importancia que tiene el tema desde el punto de vista de la salud pública, que el tema ya está plenamente instalado en un lugar privilegiado en la agenda pública en todo el mundo. Por eso, desde hace ya varios años, está en pleno desarrollo un proceso de continua reflexión colectiva que se nutre de las opiniones y recomendaciones de científicos especializados en las diferentes disciplinas involucradas.
En el caso de Bolivia, a esa dimensión, la que aborda el asunto desde el punto de vista de la salud pública, se suma la estrictamente económica. Eso se refleja en la decisión del Gobierno nacional de hacer de la producción de alimentos para la exportación a escala agroindustrial uno de los principales pilares de su plan de desarrollo económico. No menos importante, y como factor vinculante de ambos aspectos, está la dimensión ecológica de los cultivos transgénicos pues sus efectos no sólo sobre la salud humana sino sobre la naturaleza en general constituyen un tercer ángulo de la polémica.
En el caso de Bolivia, a los muchos de los elementos de juicio que son los mismos que se discuten en otras latitudes habrá que agregar, y dar especial énfasis a la dimensión política e ideológica del tema. Es que en Bolivia, a diferencia de los demás países, la radical resistencia contra los cultivos fue hasta algún tiempo uno de los principales elementos simbólicos de la causa anticapitalista enarbolada por el Gobierno del MAS, lo que le dio a la polémica una carga ideológica y política muy especial. Recuérdese al respecto la radicalidad con que hasta hace no mucho el Gobierno boliviano se disputaba el lugar de vanguardia en la lucha mundial contra los transgénicos, lo que le dio al liderazgo de Evo Morales una dimensión internacional como abanderado de los movimientos ambientalistas.
En ese contexto y dados los antecedentes del tema, sólo cabe esperar que la anunciada búsqueda de consensos no se quede en las buenas intenciones sino que se plasme en un debate franco y abierto. Para ello, habrá que crear las condiciones para que todas las instituciones de la sociedad que de una manera u otra están involucradas tengan la oportunidad de hacer oír su voz y difundir sus argumentos.
Sólo cabe esperar que la anunciada búsqueda de consensos no se quede en las buenas intenciones sino que se plasme en un debate franco y abierto. Para ello, habrá que crear las condiciones para que todas las instituciones de la sociedad tengan la oportunidad de hacer oír su voz
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