Pide a los vecinos que se movilicen ya que "no han tenido en cuenta nuestras particularidades"
ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL , MOTRIL
El teniente de alcalde de Gestión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Chica, explicaron ayer en rueda de prensa las diez alegaciones que han sido presentadas a la Junta, con el objetivo de que el Plan de Protección del Litoral andaluz sea suprimido. Asimismo, piden a los ciudadanos que se movilicen, para lo que ofrecen su apoyo "para que todas las personas y los colectivos puedan formular alegaciones" y añaden que la FAM también se está movilizando.
Chica aseguró que el equipo de gobierno entiende que "este documento viene a poner límites al desarrollo y a dar una vuelta de tuerca más al futuro de municipios como Motril, puesto que no ha tenido en cuenta las peculiaridades de nuestra Costa".
Así, el edil recordó que el Plan Subregional aprobado hace escasamente un año, estipulaba una franja protegida de 200 metros, mientras que la nueva normativa la amplía hasta los 500. "No sabemos si en otros puntos de la comunidad autónoma tendrá sentido, pero aplicarlo aquí significaría restringir las posibilidades para plantear proyectos en suelo urbanizable y limitar gravemente el crecimiento de zonas con especial potencial turístico como Carchuna".
Además, los concejales plantearon que la regla conocida como del "40/30" del POTA supone que habrá muchos propietarios que pueden perder derechos de suelo y que dará lugar a numerosos damnificados.
Chica indicó que gran parte de las actividades existentes en la actualidad también quedarían afectadas, ya que se encontrarían en régimen de fuera de ordenación y se vería coartado cualquier planteamiento para ampliar las instalaciones agroindustriales o modernizar los invernaderos. En el caso de Torrenueva, el TOR-3 quedaría totalmente paralizado al encontrarse situado íntegramente en la franja de los 500 metros y no podrá desarrollarse su plan parcial.
Además, el responsable municipal de Gestión de Infraestructuras mostró la preocupación del equipo de Gobierno -compartida con otros por concejales y alcaldes de Andalucía- puesto que la nueva situación obliga a los municipios a adaptarse al POTA, de manera que en Motril habría que desclasificar 8.773 viviendas previstas en el PGOU y se presentaría también un exceso de suelo de 3.028.715 metros cuadrados. "Esto deriva en la pérdida de derechos por parte de los propietarios, entre los que no sólo hay grandes promotores, sino también ciudadanos anónimos que son las víctimas principales, destacando entre ellos a los vecinos de Torrenueva -que tras convertirse el TOR-1 y TOR-3 en moneda de cambio para la moción de censura en 2004, ahora ven cómo el interés político paraliza sus vías de creación- así como los de Carchuna, puesto que la protección significará llegar hasta la carretera N-340".
Navarro señaló también que el Plan de Protección del Litoral andaluz plantea otro tipo de restricciones para el resto del municipio, afectando al crecimiento de la zona comercial en torno a Alcampo y del Puerto de Motril, en cuanto a la implantación del Centro de Transporte de Mercancías o el Polígono Industrial, al tiempo que ha indicado que el decálogo de alegaciones del Ayuntamiento también contempla sectores como el semillero o el de la comercialización de frutas y verduras.
Chica aseguró que el equipo de gobierno entiende que "este documento viene a poner límites al desarrollo y a dar una vuelta de tuerca más al futuro de municipios como Motril, puesto que no ha tenido en cuenta las peculiaridades de nuestra Costa".
Así, el edil recordó que el Plan Subregional aprobado hace escasamente un año, estipulaba una franja protegida de 200 metros, mientras que la nueva normativa la amplía hasta los 500. "No sabemos si en otros puntos de la comunidad autónoma tendrá sentido, pero aplicarlo aquí significaría restringir las posibilidades para plantear proyectos en suelo urbanizable y limitar gravemente el crecimiento de zonas con especial potencial turístico como Carchuna".
Además, los concejales plantearon que la regla conocida como del "40/30" del POTA supone que habrá muchos propietarios que pueden perder derechos de suelo y que dará lugar a numerosos damnificados.
Chica indicó que gran parte de las actividades existentes en la actualidad también quedarían afectadas, ya que se encontrarían en régimen de fuera de ordenación y se vería coartado cualquier planteamiento para ampliar las instalaciones agroindustriales o modernizar los invernaderos. En el caso de Torrenueva, el TOR-3 quedaría totalmente paralizado al encontrarse situado íntegramente en la franja de los 500 metros y no podrá desarrollarse su plan parcial.
Además, el responsable municipal de Gestión de Infraestructuras mostró la preocupación del equipo de Gobierno -compartida con otros por concejales y alcaldes de Andalucía- puesto que la nueva situación obliga a los municipios a adaptarse al POTA, de manera que en Motril habría que desclasificar 8.773 viviendas previstas en el PGOU y se presentaría también un exceso de suelo de 3.028.715 metros cuadrados. "Esto deriva en la pérdida de derechos por parte de los propietarios, entre los que no sólo hay grandes promotores, sino también ciudadanos anónimos que son las víctimas principales, destacando entre ellos a los vecinos de Torrenueva -que tras convertirse el TOR-1 y TOR-3 en moneda de cambio para la moción de censura en 2004, ahora ven cómo el interés político paraliza sus vías de creación- así como los de Carchuna, puesto que la protección significará llegar hasta la carretera N-340".
Navarro señaló también que el Plan de Protección del Litoral andaluz plantea otro tipo de restricciones para el resto del municipio, afectando al crecimiento de la zona comercial en torno a Alcampo y del Puerto de Motril, en cuanto a la implantación del Centro de Transporte de Mercancías o el Polígono Industrial, al tiempo que ha indicado que el decálogo de alegaciones del Ayuntamiento también contempla sectores como el semillero o el de la comercialización de frutas y verduras.
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