Un inspector jefe, un inspector y un oficial del Cuerpo de Policía Nacional explican el 'modus operandi' para combatir la plaga de los grafitis en los monumentos
VÍDEOLa lucha contra los grafitis que llenan los monumentos de Granada se coordina desde un espacioso despacho en el interior de la Real Chancillería de Granada. Este palacio data del siglo XVI y es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior, que ha ordenado a este equipo que ponga coto al desmán de pintura y rotulador que decora Granada. El mensaje que sale de estos muros históricos, reducto de la ley desde hace cinco siglos, es claro: «Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para detener a los grafiteros. Y cuando esto ocurra, les caerá encima todo el peso de la ley». Tras las diligencias ordenadas por el Fiscal Jefe Jesús García Calderón, algo ha cambiado.
Todo empezó en el Albaicín. Corría un frío noviembre de 2009 cuando la cabeza de un águila apareció pintada en un muro del Huerto de Carlos, en el entorno del convento de Santa Isabel la Real. J. M. Sáez, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad adscrita a la Fiscalía Superior certifica que «fue el momento exacto en que algo se movió». La autoridad tomó conciencia de que las pintadas, los 'sprays', la tinta de los 'rotus' «en las paredes de los monumentos, de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los famosos cincuenta metros a los que se extiende la protección eran una nueva clase de falta o de delito, según cada caso, que teníamos que combatir». Y en eso están desde esa pintada. Desde ese día.
Los ejes de actuación
Paso a paso, día a día, fotografía a fotografía, prácticamente desde la nada, pero en coordinación con todas las Fuerzas de Seguridad y con las órdenes de la Fiscalía Superior han ido tejiendo un 'modus operandi' sobre el que cumplir su misión. Desde el punto de vista policial, sus ejes de actuación son la investigación, la prevención, y la colaboración de los ciudadanos, además de la mencionada coordinación con el resto de cuerpos de seguridad. Para realizar su misión, han construido sus propias herramientas de investigación y desarrollan un minucioso sistema de estadísticas para medir el problema y contrastar la eficacia de las acciones, de las denuncias y de las sanciones y penas impuestas.
Si la grafología es una disciplina que pretende analizar la escritura con el fin de identificar o describir la personalidad de un individuo e intentar determinar características generales del carácter, ellos se están convirtiendo en algo parecido, en unos policías expertos en 'grafitología', donde con la carga de las pruebas, las pesquisas y el peso de la ley actúan contra la plaga de los grafitis como una suerte de 'grafitología' forense que está aceptada judicialmente, con fines periciales de identificación de individuos. Y es aquí donde han encontrado su razón de ser para empezar este combate. «Cuando se tiene conocimiento de un nuevo grafiti se recaban inmediatamente todos los datos -la catalogación del BIC y la valoración de los daños- para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que entienda el asunto. La idea es que tenga todos los datos necesarios para tomar la decisión adecuada». No es que antes hubiera un vacío legal, solo que este tipo de actos pasaban desapercibidos. Ahora, se ha puesto foco sobre ellos y el grafitero debe saber «que se le puede caer el pelo». No es una amenaza. Es la Ley. J. M. Sáez se apresura en poner un ejemplo. Y pregunta. «¿Conoces el hito kilométrico que hay en el Paseo del Salón? ¿Sí? Pues como a alguien se le ocurra hacer un grafiti y lo pillemos se le cae el pelo, porque todo es parte de un BIC que comprende con la categoría de Jardín Histórico desde la Biblioteca a los bancos de piedra, las fuentes, las farolas o hasta la mismísima caseta de electricidad de los Jardines del Genil... más los cincuenta metros dichosos». La advertencia es seria, porque si el chaval no sabe lo que está haciendo el juez sí que lo va a saber, «y esta es parte de nuestra actuación, proporcionarle todos los datos para que pueda entender del asunto de forma fiel».
Es una de las claves, tener el punto de vista jurídico «para meterles mano». Hay dos tipos, «por deslucimiento o por daños». Y entonces, suelta de carretilla: Por deslucimiento en bienes inmuebles o muebles, constituye una falta del art. 626 del código Penal. «Si cojo una manguera y lo borro es por deslucimiento porque el daño desaparece». La cosa es ya grave si es por daños. «Hasta 400 euros. Falta del art. 625 del código penal. Si es superior a 400 euros, es un delito común, según el art. 263 del CP. Y si es superior a 400 euros, se aplica el art. 323 del Código Penal». Entonces, insiste. «Que los grafiteros, y sus padres si es el caso, sepan que estamos investigando, que les estamos persiguiendo y que si los detenemos y se les acusa de un daño en un BIC que puede ser la caseta de electricidad de los Jardines del Genil, la cosa es muy pero que muy seria para el chaval...». «Y más, como logremos demostrar que su 'firma' se encuentra en otros lugares protegidos». «Entonces... entonces se le va a caer el pelo».
Desde que comenzaron a finales del año 2009 con estas investigaciones han logrado un ramillete de documentos, los catálogos de bienes BIC, lo que cuesta limpiar los grafitis, los daños en los monumentos para que la autoridad judicial pueda actuar adecuadamente. Además, han registrado cientos de fotografías de 'firmas' de grafiteros «de forma que si el bien dañado es un columpio en La Chana, nos mandan la copia de las diligencias y se efectúa una actuación en la zona para recoger datos e incorporarlos a la base de datos para identificar firmas de grafiteros. Evidentemente si me encuentro luego esa firma en la Catedral hay muchas posibilidades de que sea el mismo grafitero. Entonces iremos a por él». Otro caso, que ya ha ocurrido, es cuando es un grafiti en un BIC y hay detenidos. «Independientemente del cuerpo policial que los haya detenido, se nos informa ya que nos envían copia de las diligencias». Ahora, «lo primero, se hace un atestado y se da cuenta inmediata a la fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. La persona detenida pasa a disposición judicial siendo (imprescindible) muy importante que en las diligencias conste el valor patrimonial del bien dañado, así como el valor de los daños. La calificación del bien. Este informe lo efectúa la delegación provincia de Cultura». Y es con este alambicado procedimiento como se está actuando contra los grafiteros que dañan los monumentos. «Con el tiempo irá a más. Sabremos leer mejor los grafitis. Y los detendremos».
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