Una familia con tres discapacitados pide al juez que impida su desahucio ideal.es

Juan, panadero de Castell, debe 20.000 euros al banco y la subasta de su vivienda está fijada para el próximo 14 de noviembre

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CRISTINA BUSTOS | SALOBREÑA

Una lucha desesperada. Juan Carlos Pérez y su familia, en el juzgado de Motril. :: JAVIER MARTÍN

La historia de Juan Carlos Pérez es la de un padre que, con mujer y dos hijos enfermos, se puso el mundo por montera para dar a los suyos todas las facilidades que la enfermedad que los tres sufren les ha negado. Pero no todo se paga con esfuerzo y las deudas han inundado la vida de este panadero de Castell de Ferro que ve como peligra su casa por impago de la hipoteca. El próximo 14 de noviembre saldrá a subasta su vivienda, por la que adeuda veinte mil euros al banco. Ahora apela al procedimiento y «a la conciencia» del juez para que paralice la venta del que todavía es su hogar y les de facilidades para pagar todo lo que deben. «Si fallo después de que me den esta oportunidad que me lo quiten todo pero sé que ahora puedo cumplir», apela Juan Pérez que con su trabajo saca adelante a tres familias: la suya y la que ya han formado sus dos hijos.

Con la fecha de subasta fijada para dentro de diez días, la abogada trabaja para llegar a un acuerdo con el defensor de la entidad bancaria con la que los Pérez López tienen su deuda. Vender el piso en el que vive el hijo y así saldar el impago o negociar la forma para hacer frente a los veinte mil euros y continuar pagando la cuota mensual son algunas de las opciones que barajan. Pero necesitan tiempo.

La distrofia muscular degenerativa se ha cebado con la familia y, la dependencia que cada uno de ellos tiene sobre otra persona para poder llevar una vida normal, les impide trabajar. La madre, María Teresa, está sentada en una silla de ruedas al igual que el hijo mayor que, además, tiene una lesión de cadera. La primera cobra 700 euros y el segundo ingresa una pensión no contributiva de 320 euros. La hija, de 20 años, aún puede caminar pero si se sienta no puede volver a levantarse y los fallos musculares en las piernas le impiden caminar sin un acompañante. Él no recibe prestación alguna porque, a pesar de tener un 60% de minusvalía, no le han concedido ninguna pensión. Todos dependen del pan que Juan vende en el negocio situado junto a la casa que ahora tiene riesgo de perder y del reparto que hace en una antigua furgoneta que, a trancas y barrancas, sigue funcionando. Las ansias de prosperar han llevado a esta familia a su situación actual. Años atrás el hijo compró un piso que le permitió independizarse y el padre no dudó en avalarlo. «Con 320 euros él no puede pagarlo, yo lo ayudo», comenta Juan. Mejoró su panadería, adecuó la casa a los problemas de movilidad de su mujer y en la planta baja pusieron una cafetería. «Ésa fue nuestra perdición», asegura la madre entre lágrimas ya que admite que todas las ganancias de horno las invertían en su nuevo negocio y fue ahí donde dejaron de pagar la casa.

Mala pasada

La antigua directora de la oficina bancaria les iba dando facilidades y, poco a poco, podían sobrellevar el pago mensual del préstamo hipotecario. Pero la cifra fue creciendo y alcanzó los veinte mil euros, una cantidad que tendrán que pagar para no perder su hogar.

La confianza jugó una mala pasada a esta familia. Según cuentan, tras recibir los papeles del juzgado anunciando lo peor contaron con un abogado de oficio que les aseguró que había logrado paralizar todo el proceso. La sorpresa llegó cuando la carta con la fecha de subasta, el 14 de noviembre llegó a casa y supieron que todo había seguido los cauces legales pertinentes «sin que el letrado nos hubiera informado».

«La peor racha ha pasado», aclara Juan, que pide un poco de tiempo ya que «las cosas ahora van mejor y sé que puedo pagar». «Mucha gente no nos pagaba el pan pero todos estamos mal y ¿cómo le niegas una barra a alguien?», narra Pérez Martín que asegura hay quien le ha dejado deudas de hasta mil euros y después se ha limitado a dejar de ir a su negocio.

Arropados y aconsejados por amigos y vecinos, los Pérez López esperan que el juez suspenda de oficio el procedimientos alegando a la Ley 1/2013 del 14 de mayo relativa a las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios así como por la indefensión sufrida por parte del primer letrado asignado. De momento tienen una nueva cita el día 12 en la que tendrán que hacer constar con documentos la realidad que afecta a toda la familia.

«No me niego a pagar pero necesito facilidades», ruega este padre dispuesto a seguir luchando hasta el último aliento.